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Las protestas en Irán dejaron un saldo de víctimas que varía drásticamente según las fuentes: mientras el régimen admite por primera vez unos 2.000 muertos, organizaciones independientes elevan la cifra por encima de los 2.500.
Las cifras oficiales y las estimaciones de organismos independientes vuelven a chocar en el balance de la represión en Irán. La organización HRANA, con sede en Estados Unidos, aseguró haber verificado 2.571 muertes desde el inicio de las protestas, incluyendo 2.403 manifestantes, 147 personas vinculadas al gobierno, 12 menores de edad y nueve civiles sin relación directa con las marchas.
Por su parte, Iran Human Rights (IHR), con base en Noruega, contabilizó al menos 734 fallecidos, aunque advirtió que el número real podría ascender a varios miles. La disparidad refleja las dificultades para corroborar datos en un país atravesado por la censura y el control informativo.
En ese contexto, un funcionario iraní reconoció públicamente, por primera vez, una cifra global cercana a los 2.000 muertos durante los disturbios. Sin embargo, las autoridades insisten en atribuir gran parte de las víctimas a supuestos "operativos terroristas" apoyados desde el exterior, una versión cuestionada por medios internacionales y organizaciones humanitarias.
El bloqueo de internet se convirtió en otra herramienta clave del régimen. Desde el 8 de enero, Irán permanece bajo un apagón casi total que, según Netblocks, alcanzó 132 horas consecutivas durante una de las jornadas más críticas.
De acuerdo con HRANA, la falta de conectividad dificulta seriamente la verificación independiente de las cifras de muertos y detenidos, además de limitar la difusión de imágenes y testimonios desde el interior del país.
En medio de la presión internacional, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, anunció que los manifestantes arrestados tendrán juicios rápidos. "Debemos hacer nuestro trabajo rápidamente", sostuvo durante una visita a una prisión, según la televisión estatal.
El anuncio generó alarma entre organismos de derechos humanos, especialmente por el rol de la pena de muerte. El caso de Erfan Soltani, un manifestante de 26 años condenado por el delito de "moharebeh" ("guerra contra Dios"), se convirtió en un símbolo de la represión judicial. El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que la primera ejecución podría concretarse el 14 de enero, mientras que Amnistía Internacional exigió la suspensión inmediata de todas las condenas a muerte.
Desde Washington, el presidente Donald Trump endureció el tono y aseguró que Estados Unidos actuará "muy firme" si Teherán avanza con ejecuciones de manifestantes. En una entrevista con CBS News, afirmó que mantiene todas las opciones abiertas, incluida la acción militar, y anunció el cese de contactos diplomáticos y la imposición de aranceles a quienes comercien con Irán.
"Una muerte ya es demasiado", remarcó Trump, al tiempo que crece la tensión internacional en torno a la república islámica.
Las protestas comenzaron como un reclamo contra el aumento del costo de vida, pero rápidamente se transformaron en un movimiento antigubernamental de alcance nacional. Con epicentro en varias ciudades, los enfrentamientos derivaron en la mayor ola de desobediencia civil desde la Revolución Islámica de 1979.
El líder supremo, Ali Khamenei, enfrenta ahora un escenario inédito, marcado por la represión masiva, el aislamiento internacional y una creciente presión externa que amenaza con profundizar aún más la crisis.
