La Fiscalía de El Salvador informó este domingo sobre la condena a 248 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a penas que suman siglos de prisión. Las sentencias, calificadas como "ejemplares" por las autoridades, se dictaron por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos. Un pandillero en particular, identificado como Marvin Abel Hernández Palacios, alias "Nocturno de Teclas", recibió la pena más alta: más de 1.300 años de encierro por su participación en más de 20 homicidios agravados y extorsión.

Sentencias Centenarias y el Régimen de Excepción

Las condenas masivas se enmarcan en la "guerra" contra las pandillas que el presidente Nayib Bukele inició en marzo de 2022, amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Este mecanismo ha logrado reducir los homicidios a niveles históricos en el país centroamericano, pero ha generado severas denuncias por violaciones a los derechos humanos.

El pandillero con la sentencia más elevada, Marvin Abel Hernández Palacios, fue acusado por los asesinatos de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo y la futbolista Jimena Granados, entre otros crímenes. Otros delitos por los que fueron declarados culpables incluyen feminicidio agravado, tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas.

Desde marzo de 2022, más de 90.000 personas fueron detenidas, aunque unas 8.000 fueron posteriormente liberadas por ser inocentes, según reportes oficiales.

Críticas por Abusos y Procesos Colectivos

A pesar de los logros en la pacificación del país, la política de mano dura de Bukele ha sido objeto de una oleada de denuncias por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas organizaciones han reportado que muchas personas fueron detenidas simplemente por mostrar nerviosismo durante operativos policiales. Además, denunciaron que las fuerzas de seguridad están obligadas a cumplir con una cuota de detenciones diarias.

Otro punto de crítica radica en la manera en que opera la Justicia bajo el régimen de excepción: se realizan procesos colectivos donde se juzga a grupos de pandilleros en el mismo juicio, sin la posibilidad de que los acusados cuenten con abogados individuales. En este contexto de erradicación de la violencia, Bukele logró ser reelecto en febrero de 2024 con más del 80% de los votos, a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohibía.