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Tres municipios bonaerenses avanzan con una "tasa vial" del 2% sobre el precio de los combustibles
Tres municipios de la provincia de Buenos Aires -Cañuelas, Ramallo y Coronel Suárez- impulsan la creación de una "tasa vial" que aplicará un recargo de hasta el 2% sobre el precio de los combustibles líquidos y GNC que se vendan en sus distritos. Esta medida, que se sumará al costo final que pagará el automovilista en el surtidor a partir de 2026, reactiva la controversia legal y política con el Gobierno nacional, que considera este tipo de tributos como ilegales.
El municipio de Cañuelas, liderado por Marisa Fassi (Fuerza Patria), dispuso la aplicación de un recargo de entre el 1% y el 2% en concepto de "Tasa Municipal de Mantenimiento Vial". Esta ordenanza obliga a las estaciones de servicio a actuar como agentes de retención y a empadronarse ante el municipio antes del 1 de febrero de 2026. La medida, sin embargo, debe ser aprobada en la próxima reunión de la Asamblea de Mayores Contribuyentes.
Otros distritos se suman a la iniciativa: Ramallo, a cargo de Mauro Poletti (Fuerza Patria), evalúa una tasa similar del 2% a través de su nuevo Código Tributario, mientras que Coronel Suárez, con Ricardo Moccero, también propuso una alícuota del 2%. El intendente Poletti minimizó el impacto, señalando que representa apenas unos $1.200 por cada tanque de nafta.
En contraposición, la Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra) expresó su rechazo. Fernando Rolando, gerente de Fecra, argumentó que sumar un nuevo cargo "distorsiona los precios y genera desigualdades competitivas entre distritos", recordando que actualmente casi la mitad del costo del combustible ya corresponde a impuestos nacionales y tasas.
El avance de las tasas viales intensifica la pelea entre el Ejecutivo nacional y los municipios. El Ministerio de Economía ya inició una demanda judicial contra el Gobierno bonaerense y el municipio de Lomas de Zamora por el cobro de esta tasa, argumentando que es ilegal bajo la Ley de Coparticipación. El Gobierno sostiene que las jurisdicciones subnacionales no pueden gravar actividades que ya están alcanzadas por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) de la Nación.
Como estrategia de presión, el Gobierno impulsó el Portal de Transparencia Tributaria Municipal para exponer las tasas cobradas por cada jurisdicción. Además, se obligó a las estaciones de servicio a advertir de manera visible a los consumidores si se aplica la tasa vial en esa jurisdicción, buscando transparentar su impacto en el precio final.
La ofensiva del Ejecutivo, liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se ha extendido a otras tasas municipales, como el caso de Pilar, que elevó la Tasa de Protección Ambiental al 2% sobre varias operaciones comerciales. Caputo ha advertido sobre posibles sanciones, como la suspensión de la coparticipación, si los municipios no eliminan o reducen los gravámenes que "afectan la lucha contra la inflación" y replican impuestos nacionales.
