"A aquellos que están haciendo propaganda contra el Parlamento de la India, quiero decirles que hoy es necesario exponer la acción de Pakistán a nivel internacional. Puestos a hacer agitación, alcen la voz contra las atrocidades cometidas por Pakistán en los últimos 70 años", declaró Modi, saliendo al paso de los detractores de la nueva ley, durante un discurso pronunciado en el estado de Karnataka.

El primer ministro, citado por su oficina, apuntó que "Pakistán se formó sobre la base de la religión" y que "las minorías religiosas fueron perseguidas allí".

"Los perseguidos se vieron obligados a venir a la India como refugiados. Pero el Congreso [Nacional Indio] y sus aliados no hablan contra Pakistán, sino que están organizando manifestaciones contra estos refugiados", agregó, refiriéndose al principal partido de la oposición.

Al menos 25 personas murieron, según la ONG Human Rights Watch, y centenares fueron detenidas durante la represión de protestas que continúan desde el 12 de diciembre a lo largo de la India contra la nueva ley de ciudadanía.

La normativa, conocida como CAA (por las siglas en inglés de Citizenship Amendment Act), simplifica el proceso de naturalización para las minorías "perseguidas" —budistas, sijes, hindúes, parsis y cristianos— de Pakistán, Afganistán y Bangladés.

Algunos críticos de la normativa alegan su carácter discriminatorio que excluye a los musulmanes, a pesar de que representan más del 10% de la población de la India, y podría allanar el camino para deportaciones de millones de adeptos del islam que se instalaron en el país hace tiempo, pero no han regularizado su situación.

En los estados del noreste de la India, que se enfrentan con el flujo de migrantes bangladesíes a través de una frontera porosa, hay recelos de que millones de indocumentados se establezcan legalmente en la región relegando a las etnias autóctonas a la condición de minorías culturales.

El Tribunal Supremo de la India convalidó la controvertida ley, en vigor desde mediados de diciembre, pero obligó al Gobierno a responder a decenas de quejas que generó la normativa y fijó la próxima audiencia para el 22 de enero de 2020.