Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, fue trasladada por la mañana desde su lugar de detención para ver al juez Bonadio, luego de llegar ayer a un acuerdo con los fiscales del caso, Carlos Rivolo y Carlos Stornelli, para ser "imputada colaboradora" a cambio de aportar información relevante a la investigación.

La viuda de Muñoz estuvo desde la mañana en la sede del juzgado, en el cuarto piso de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro para cumplir con la llamada "audiencia de homologación", a la que según la Ley del Arrepentido debe convocar el juez para preguntarle al acusado si declaró libre de presiones y para que ratifique sus dichos.
En este caso, la audiencia duró cinco horas porque en el juzgado habían preparado sus propias preguntas y Pochetti volvió a prisión sin que Bonadio haya resuelto aún si homologa o no el acuerdo al que arribó con Stornelli y Rivolo, asesorada por su nuevo abogado, el defensor oficial Juan Martín Herminda.
Según fuentes judiciales, el juez buscará corroborar algunas de sus afirmaciones antes de suscribir el acuerdo que podría derivar en beneficios para la acusada a la hora de una sentencia condenatoria, como rebaja de pena y un pedido de excarcelación inmediato, que podrá o no ser concedido por el magistrado.
La declaración que dio en la fiscalía se mantiene en reserva, aunque fuentes del caso destacaron que para ser aceptada como arrepentida tendría que "hablar del principio, el origen del dinero, de dónde vino o del final, donde está en la actualidad, porque la parte del medio los fiscales ya la tienen".
Pochetti es considerada una "pieza clave" en la parte del caso Cuadernos que investiga el lavado de dinero por unos 70 millones de dólares por parte de Muñoz, fallecido en el 2016, y su entorno, que se sospecha provinieron del cobro de sobornos a empresarios adjudicatarios de obra pública y concesiones.
La sospecha de los investigadores es que ese dinero provino del pago de sobornos por parte de las principales empresas de obra pública en el kirchnerismo y se trata de determinar si Muñoz actuó como testaferro del fallecido ex presidente.
Al quedar detenida en octubre pasado, Pochetti fue indagada y aseguró que nunca supo de dónde provenía el dinero de su marido y agregó que el jefe del fallecido secretario era el ex presidente Néstor Kirchner y que siempre le decía -ante publicaciones sobre supuestos ilícitos- que eran cosas de la política y que buscaban perjudicar al ex mandatario.
Bonadio y los fiscales investigan el lavado de dinero por parte de Muñoz y su entorno ya que el ex secretario privado del fallecido Néstor Kirchner aparece reiteradamente en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, quien trabajaba para el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.
También se lo mencionó como el encargado de trasladar a Santa Cruz valijas y bolsos con dinero en aviones presidenciales.
Ante la llegada de Pochetti al edificio, un operativo de seguridad bloqueó el acceso a los periodistas al cuarto piso de los tribunales, donde se encuentra el despacho de Bonadio.
Pochetti está sospechada de haber participado de las maniobras para ocultar el verdadero origen de unos 70 millones de dólares que, según los investigadores, su marido sacó de la Argentina y movió en los Estados Unidos para la compra de propiedades que luego se vendieron y ese dinero habría sido escondido en paraísos fiscales.
Vinculados a la trama de lavado de dinero de Muñoz por la que está presa Pochetti están también otros acusados ya aceptados como arrepentidos, como la "broker" marplatense Elizabeth Ortiz Muñicoy y su ex marido Sergio Todisco, además de un primo de Pochetti, Carlos Gellert.
Otro acusado que sigue preso, Osvaldo Parolari, también un marplatense vinculado a maniobras de lavado de Muñoz, fue rechazado por Bonadio porque entendió que no aportó información sustancial y ahora esa decisión está apelada y a estudio de la Cámara Federal porteña.