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En su balance semestral, la firma británica desestimó las penalidades de la Casa Rosada y afirmó contar con respaldo pleno de Londres y del gobierno isleño. La socia operadora Navitas garantizó la financiación total para iniciar la producción comercial en el primer trimestre de 2028.
A pesar del endurecimiento de las medidas administrativas, judiciales y diplomáticas desplegadas por el Gobierno argentino, la compañía británica Rockhopper Exploration confirmó formalmente que mantiene inalterado su cronograma operativo para comenzar la extracción de crudo en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028. En su informe oficial de resultados financieros correspondiente al primer semestre, la firma desestimó las sanciones de la Casa Rosada, amparándose en el respaldo institucional brindado por el gobierno de las islas y la administración central del Reino Unido, que calificaron las acciones de Buenos Aires como "ilegítimas y carentes de justificación jurídica".
La postura de la operadora británica representa una respuesta directa a la ofensiva desplegada por la gestión de Javier Milei, orientada a frenar la explotación no autorizada de recursos en la plataforma continental argentina. A comienzos de septiembre, el Ejecutivo nacional impulsó un paquete coordinado de medidas soberanas que incluyó la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denuncias penales contra las corporaciones hidrocarburíferas intervinientes, la remisión de un nuevo proyecto de ley de Soberanía al Congreso de la Nación y la preparación de una demanda formal contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
El desarrollo del yacimiento offshore Sea Lion se encuentra estructurado a través de una sociedad estratégica donde Rockhopper retiene el 35% de participación, mientras que el 65% mayoritario y la operación técnica corresponden a la empresa israelí Navitas Petroleum, que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv. Ambas firmas reafirmaron que sus labores se encuadran dentro de licencias otorgadas por las autoridades coloniales del archipiélago —a las que definen como un Territorio Británico de Ultramar con autogobierno— y aseguraron que el accionar judicial de la República Argentina no provocará alteraciones en los plazos de ejecución del proyecto.
El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, calificó la etapa como un "período decisivo" para la corporación tras consolidar una reciente ampliación de capital en los mercados de valores. Según remarcó el directivo, dicha inyección de fondos garantiza el flujo financiero necesario para cubrir la totalidad de las obras de infraestructura marina hasta la extracción del primer barril comercial de petróleo. En sintonía, desde Navitas ratificaron que el plan de perforación y montaje continuará sin desvíos técnicos significativos, consolidando la explotación hidrocarburífera en una zona bajo disputa internacional de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
