El escenario procesal de la causa que investiga presuntas maniobras fraudulentas con activos digitales sufrió una alteración sustancial en los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó una resolución de fondo mediante la cual apartó del expediente a cinco inversores que actuaban en el rol de querellantes, haciendo lugar a una presentación de eximición de legitimación promovida por la defensa técnica del lobista y principal investigado, Mauricio Novelli.

La investigación de la denominada causa Libra tiene como objeto procesal determinar la posible existencia de ilícitos financieros y estafas en torno al token promocionado por el presidente Javier Milei a través de sus canales oficiales en la red social X durante febrero de 2025. La decisión del magistrado alcanza a los particulares Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes intervenían bajo dos estructuras de patrocinio diferenciadas.

Los fundamentos esgrimidos en el fallo judicial determinaron que las personas desplazadas no consiguieron acreditar de forma fehaciente haber padecido un perjuicio patrimonial de carácter directo por las fluctuaciones del activo digital. El magistrado consideró que las carpetas analizadas exhibían una insuficiencia de pruebas documentales para convalidar la propiedad real de las billeteras virtuales (wallets) utilizadas en las transacciones y para trazar el origen lícito de los fondos con los que se fondearon las cuentas.

El dictamen judicial fijó un estándar estricto en materia de delitos criptográficos al sentenciar que la legitimación para querellar requiere la demostración inequívoca de una afectación concreta y suficientemente individualizada. Martínez de Giorgi detalló en el escrito que, aun cuando determinados ahorristas hubiesen experimentado mermas y pérdidas económicas severas por la adquisición del signo marcario $LIBRA, esa distorsión comercial del libre mercado no permite deducir por sí sola la existencia del daño criminal que tipifica la ley de fondo.

Las consecuencias institucionales del fallo impactan de forma directa en las capacidades operativas de los denunciantes dentro del trámite judicial. En caso de que la resolución dictada por el juez federal de primera instancia adquiera carácter de firmeza ante las cámaras de apelaciones, los cinco inversores perderán de forma inmediata el acceso a la lectura diaria del expediente digital y quedarán inhabilitados para peticionar allanamientos, peritajes tecnológicos o sugerir medidas de prueba a la instrucción.

A pesar de la exclusión de los particulares, el expediente penal por la supuesta estafa con el token virtual no corre riesgo de archivo y continuará su curso de acción bajo la órbita exclusiva de la fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano. El representante del Ministerio Público Fiscal retiene la potestad soberana de continuar impulsando de oficio las declaraciones indagatorias y las auditorías de trazabilidad sobre los servidores donde se emitieron y comercializaron las polémicas monedas.

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