En una sesión cargada de debate político, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves 20 de febrero de 2026 la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional, tras meses de negociaciones, modificaciones de últimos minutos y controversias sociales.

El proyecto, que incorpora cambios estructurales en temas como licencias, indemnizaciones, modalidades de contratación y derechos laborales, había generado rechazo en distintos sectores sindicales y sociales, lo que se tradujo en una huelga general de 24 horas convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la iniciativa.

A pesar de las protestas, los legisladores oficialistas y aliados lograron reunir los votos necesarios para convertir en ley la reforma, que ahora deberá ser promulgada por el Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial para su entrada en vigencia.

Votación y posición de los bloques

La votación en el recinto se realizó luego de intensas discusiones en comisiones y reuniones previas entre representantes de diferentes bloques. El oficialismo defendió el proyecto como una herramienta para modernizar el mercado laboral argentino, promover la creación de empleo formal y mejorar la competitividad productiva.

Por su parte, sectores de la oposición cuestionaron duramente varios artículos de la reforma, argumentando que recortan derechos adquiridos y pueden generar mayor precarización del trabajo. Pese a ello, la alianza de gobierno sumó apoyos suficientes para avanzar en la sanción definitiva.

Rechazo sindical y huelga general

La jornada estuvo marcada por el impacto de la huelga general convocada por la CGT, que incluyó cortes de rutas, movilizaciones en diversas ciudades del país y suspensión de actividades en varios servicios públicos y privados.

La central obrera y trabajadores agrupados en distintos gremios sostuvieron que la reforma representa una pérdida de derechos laborales históricos y que la aprobación en Diputados fue una decisión que "no refleja las necesidades de los trabajadores argentinos".

La sanción de la reforma laboral coloca al país ante un nuevo escenario laboral y económico en el que se espera que sean los reguladores y juzgados especializados quienes interpreten las normas en la práctica y que se implementen medidas de acompañamiento para su entrada en vigencia.

Organizaciones sindicales ya adelantaron que evaluarán acciones judiciales y movimientos sociales adicionales para cuestionar puntos específicos de la ley, mientras que el Gobierno se prepara para defender la reforma y promoverla como una pieza clave de sus políticas económicas.