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Investigan a Patricia Bullrich, su hijo y un empresario por presunta evasión y lavado de activos.
El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra la senadora Patricia Bullrich, su hijo, Francisco Langeri Bullrich, y Fernando Goijman, fundador de Tostado Café. La acusación formal solicita investigar los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita vinculados a la cadena gastronómica Tostado, que cuenta con más de 70 locales y cuya rápida expansión económica no encontraría explicación razonable en antecedentes o financiamiento verificable.
La presentación judicial apunta a desentrañar un complejo entramado societario utilizado, según el denunciante, para ocultar el origen real de los fondos de la cadena Tostado. La denuncia se dirige principalmente contra Langeri Bullrich y Goijman, socios de las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A.
Dalbón sostiene en el escrito que la expansión empresarial del grupo alcanzó un valor económico de millones de dólares en un lapso relativamente breve, un crecimiento que, según el abogado, carece de antecedentes comerciales claros, capital inicial o financiamiento bancario verificable.
La denuncia se fundamenta en investigaciones periodísticas que alertan sobre una multiplicidad de sociedades comerciales que buscarían dificultar el control fiscal, contable y patrimonial. En particular, se menciona una propiedad ubicada en Beruti 3822 (CABA) que tendría relevancia patrimonial y fiscal en el esquema.
El abogado también advierte sobre un supuesto contraste entre la envergadura económica del grupo y el registro de cheques rechazados por falta de fondos, lo que podría indicar desmanejos financieros o subfacturación.
Dalbón subraya que la actividad comercial pudo haber sido utilizada como "pantalla o mecanismo de legitimación" de capitales de origen ilícito, debido a que "no existiría información pública clara ni verificable respecto del origen de los fondos iniciales" para la apertura de los numerosos locales.
Además, el escrito resalta que el grupo tendría presencia internacional con locales en España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, lo que incrementa la complejidad de la investigación y requiere analizar posibles transferencias transfronterizas de capital.
En relación con la senadora Patricia Bullrich, la denuncia aclara que el vínculo familiar no implica por sí solo un reproche penal. No obstante, enfatiza que su posición institucional "exige extremar los recaudos de investigación a fin de descartar cualquier situación de conflicto de intereses, favorecimiento indebido o tolerancia estatal" ante las eventuales irregularidades económicas.
El letrado pidió una serie de medidas de prueba que incluyen allanamientos, secuestro de documentación contable, e informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Inspección General de Justicia (IGJ) y organismos fiscales, además de solicitar la citación a declaración indagatoria de los denunciados.
La causa ha sido asignada al juez federal Ariel Lijo y a la fiscal Alejandra Mángano, quienes deberán determinar si formalizan la apertura de la investigación.
