El oficialismo avanza en la búsqueda de consenso con un sector del peronismo para confeccionar un proyecto que endurezca la ley de Migraciones 25.871 y de esta manera agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen o que ingresaron de forma ilegal al país. De hecho, Migraciones confeccionó un listado con los nombres de 354 extranjeros, con antecedentes penales o que ingresaron al país ilegalmente, que empezará a buscar para luego expulsarlos.

A esto se suma la nómina de 618 extranjeros que presentará ante la Justicia para solicitar su "retención" para su posterior expulsión. Serían casi 1000 extranjeros a punto de ser expulsados por delitos.

El control del flujo migratorio fue trazado como prioridad por Mauricio Macri casi desde que asumió. Y, luego de un año de gestión, firmó el decreto 70/2017 que incluyó una serie de requisitos para los extranjeros que quieren ingresar al país, como la prohibición para aquellos que cuentan con antecedentes penales en su país de origen.

Ese DNU, sin embargo, fue impugnado por distintos sectores, desde lo político y también en el ámbito judicial. Hasta que el año pasado la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró su "invalidez constitucional" y frenó su aplicación. El Gobierno, de todos modos, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que ahora debe definir.

Sin embargo el jefe de la bancada Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, reavivó la discusión en noviembre, cuando propuso "echar a patadas a los extranjeros que delinquen", luego de que la Policía Federal detuviera a dos venezolanos, un paraguayo y un turco, durante los incidentes que se produjeron en los alrededores del Congreso, en medio del debate por el Presupuesto. Por esos días, con el aval de Macri, que insistió en "debatir el manejo de lo migratorio (sic)", el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acordó con el senador trabajar en conjunto para endurecer la ley.

En rigor, la iniciativa que presentó Pichetto es aún más dura que la pretensión del Gobierno. Propone, por caso, la expulsión de un extranjero con apenas el dictado de un procesamiento por parte de un juez de primera instancia.

En el oficialismo no hay una posición unánime respecto al tema. Hay un ala más dura que coincide con el planteo del rionegrino y hasta reclaman exigir "reciprocidad" a los países de origen, en materia de salud y educación. El sector más garantista y algunos arietes judiciales del Gobierno se oponen a la expulsión anticipada y advierten que sin una condena firme sería avanzar sobre el principio de inocencia.

El asunto es cuándo: de acuerdo a lo que publicó Clarín, los distintos sectores del Gobierno consultados al respecto coinciden en que el debate se abrirá este semestre, previo a la campaña.

Así parece estar avanzada la creación de un Fuero Migratorio, como lo ordena la actual ley. El borrador oficial ya pasó por los despachos de opositores. Se trata, entre otras cuestiones, de la conformación de una Cámara Nacional Migratoria -inspirada en la estructural de la Cámara Nacional Electoral- que permita unificar la vía recursiva en la material y pueda sentar jurisprudencia para todos los juzgados de primera instancia del país y reducir los tiempos de las actuaciones.

Por lo pronto, este lunes pasará por Casa Rosada el director de Migraciones, Horacio "Toto" García, quien se reunirá con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para trazar la hoja de ruta para los próximos meses.

Con respecto a los números, en los últimos años aumentó la cantidad de extranjeros expulsados de acuerdo a lo que establece el artículo 70 de la 25871. En 2015 hubo sólo 4 expulsados . En 2016, ya con Macri en el Gobierno, 33. En 2017, fueron 75 y en 2018, hasta octubre, se habían contabilizado 150. 

Las cifras no incluyen los casos contemplados por la figura del extrañamiento, es decir, aquellos que son expulsados cuando cumplen con la mitad de la condena.