El Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luis Caputo, sumó un dolor de cabeza técnico e institucional tras la difusión de un pormenorizado reporte de control sobre las cuentas públicas. El pleno de la Auditoría General de la Nación aprobó de forma reciente un crítico informe de 38 páginas donde detalla serias inconsistencias y desprolijidades de manera administrativa en la ejecución de un programa de transición energética sustentable. Los cuestionamientos de los auditores giran en torno a la falta de documentación respaldatoria que justifique el uso de 200 millones de dólares, una suma que ingresó directamente a la Tesorería General de la Nación como parte de un crédito otorgado por el Banco Mundial.

Las observaciones se concentraron en las operaciones realizadas en el cierre de 2024, un período en el que se evidenció una llamativa informalidad contable por parte de las autoridades encargadas del programa. De acuerdo con el dictamen de los especialistas, la Secretaría de Energía -el área responsable de canalizar las transferencias para subsidiar a los hogares vulnerables- operó sin contar con un Manual Operativo aprobado ni un Plan de Adquisiciones avalado por el organismo de crédito internacional de manera oportuna. Para la auditoría, no existen explicaciones claras sobre los criterios implementados para autorizar el millonario desembolso de fondos destinados a las facturas.

La respuesta de la cartera económica intentó derivar responsabilidades hacia las empresas de distribución eléctrica privadas, asegurando que la información estaba disponible en las bases de datos de las prestadoras seleccionadas. No obstante, el descargo de los funcionarios de Economía no satisfizo las exigencias técnicas de la auditoría, que resolvió mantener firme la recomendación de incorporar copias del sustento documental a cada solicitud de giro de divisas para evitar desvíos de manera informativa en el sistema de subsidios.

El aspecto más inquietante del informe es la confirmación por parte de las autoridades de control de que la Secretaría de Energía carece de un mecanismo de supervisión interna para verificar que los subsidios otorgados impacten de forma efectiva en las boletas mensuales de los clientes. Desde la auditoría advirtieron además sobre la inexistencia de sistemas seguros para administrar las bases de datos sociales y la falta de manuales que detallen el circuito de los pagos, objeciones que el Ministerio prometió subsanar de manera urgente de cara a las próximas revisiones institucionales.