El fallo se conocerá a última hora del viernes o el lunes, y tiene tres posibles resoluciones. La Corte -que tiene nuevos integrantes impulsados por Donald Trump- puede aceptar la apelación del gobierno argentino, rechazarla o pedir opinión al Departamento de Estado norteamericano. Las autoridades argentinas apuestan a esta última pero difícil opción, ya que la administración republicana "aportaría un buena opinión" a la Corte para aceptar los argumentos argentinos.

¿Cuáles son esos razonamientos? Que para la estatización rige la ley de inmunidad soberana y por lo tanto no violó las leyes de oferta pública en los EE.UU., como remarcan los demandantes. Esta opción obligaría al fondo Burford Capital a recurrir a los tribunales argentinos. Sobre ese argumento no hay buenos precedentes: la Argentina tuvo ya dos fallos negativos en los últimos años, uno en primera instancia de la jueza federal de Manhattan Loretta Preska (reemplazante de Thomas Griesa) y otro de segunda instancia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Las posibilidades de que la Corte Suprema de los EE.UU. trate el caso son relativamente bajas. Aquellos que conocen el trajín de ese tribunal entienden que el 90% de los casos que toma son acerca de la pena de muerte. El otro 10% es una lotería. Sin embargo, desde el Gobierno marcan que las disidencias entre circuitos (las cámaras de Nueva York y Washington) acerca de la argumentación sobre la ley de inmunidad soberana pueden impulsar al máximo tribunal a tomar el caso. Incluso algunos especialistas estadounidenses que siguen de cerca los pasos de esos magistrados remarcaron en las últimas semanas esta posibilidad. Otros no piensan igual.

Si la Corte Suprema de EE.UU. rechaza la argumentación argentina, el caso volverá a primera instancia. El tribunal de Preska deberá abrir un juicio, que puede tardar entre unos tres años y que puede costarle a la Argentina US$3000 millones. Pero esta posibilidad abriría además lo que se conoce en la justicia norteamericana como un discovery process. Es una "caja de Pandora" que obligaría a investigar a los dueños del fondo Burford Capital, responsable de la demanda, y deshilachar cómo fue el camino financiero que recorrió la YPF privada desde la era Repsol hasta la llegada del Grupo Petersen, la expropiación y el "buitre" que inició la demanda.

En el Gobierno argentino creen que el caso nació "mal parido". El estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton que asesoraba a la Argentina por la deuda contra los fondos buitre era también el representante legal de la familia Eskenazi en la expropiación de YPF. Por lo tanto, en tiempos de Cristina Kirchner, debió correrse de esta demanda y se la dejó a un estudio de Miami para que llevara el caso en Nueva York. "Pareció un caso hecho para perder", contaron fuentes oficiales.

El Grupo Petersen, que durante el kirchnerismo llegó a manejar el 25% de YPF, siempre remarcó que no tenía nada que ver con los "buitres" de Burford Capital. "El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior", señaló a través de un comunicado cuando se conoció el juicio.

Alegó que el ingreso de Burford lo definió la Justicia española en el proceso de quiebra de sus compañías residuales. Es que el grupo de la familia Eskenazi manejó YPF a través de dos sociedades españolas, a su vez controladas por una australiana. Tras la estatización, cuando el flujo de dividendos dejó de llegar, estas sociedades pidieron la quiebra, que fue comprada en un porcentaje por los buitres.

Sin embargo, en los papeles, la demanda fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi constituyó para adquirir, entre 2008 y 2011, el 25% de las acciones de YPF. El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos. La Argentina, en cambio, dice que fue una decisión soberana y, por lo tanto, no debía seguir los caminos de una oferta accionaria tradicional de mercado.

El juicio tiene una réplica doméstica. Elisa Carrió y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, pidieron al juez Ariel Lijo investigar la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital. Lo cierto es que luego de que Cristina Kirchner compensara a YPF con US$5000 millones por la estatización de YPF, ese precio podría subir unos US$3000 millones más.