Según la denuncia, a partir de información privilegiada que habrían obtenido relacionada con el seguro aumento de las retenciones luego de las PASO, “desde agosto a diciembre Bunge empezó a aumentar artificial y exponencialmente las declaraciones juradas de exportaciones”.

Bunge ”habría utilizado un ardid para obtener una ventaja patrimonial minimizando el pago de retenciones, y habría declarado exportaciones por más de siete millones de toneladas de granos antes de la suba de las retenciones, pudiendo haberse ahorrado con ello casi cien millones de dólares de impuestos o 427.500 toneladas de soja, que surgiría de eludir los 6 puntos de aumento de la alícuota”.

De acuerdo al requerimiento del fiscal, entre el 13 y el 31 de agosto de 2019 se habría acelerado la declaración de exportaciones por 1.400.000 toneladas; en septiembre 1.650.000 toneladas, en octubre 1.140.000; en noviembre 1.135.000 y en diciembre de 2019 1.500.000 toneladas, acumulando en los meses posteriores a las PASO declaraciones por 7.125.000 toneladas, “sospechandose que tales declaraciones habrían tenido por finalidad evitar el pago de las retenciones futuras, pero falseando la existencia de los granos que decían poseer en condiciones de exportar”.

El denunciante del caso, Fernando Miguez, refirió que la razón de la sospecha surge de la circunstancia de que en todo 2018 la empresa habría declarado exportaciones por 6.9 millones de toneladas –entre trigo, soja, maíz y harinas-, y entre el 13 de agosto y el 31 de diciembre de 2019 habría acumulado 7.1 millones de exportaciones.

Para el denunciante el ardid detallado “implicó la pérdida de ingresos para el fisco nacional, ya que la fuerte caída en la recaudación de derechos de exportación de la primera mitad del año habría obedecido exclusivamente a esta maniobra”.

Una segunda maniobra denunciada consiste en la declaración de una presunta exportación de premezcla, resultante de una combinación de diferentes harinas, que tiene una posición arancelaria del 5% cuando en realidad se habría exportado harina de soja que tendría una posición arancelaria del 30%.

El denunciante apuntó en esta parte de la investigación a dos empresas BIGSUR S.A. y TRADESUR S.A., que serían controladas por Bunge.

El fiscal pidió que “se recaben las declaraciones juradas, constancias, trámites, declaraciones de exportación y diligencias en las cuales se plasmaron las declaraciones de la firma BUNGE SA de los volúmenes de granos a exportar en el año 2019, y en especial en el período comprendido entre agosto y diciembre de 2019. Se recabe la misma información correspondiente al período enero a diciembre de 2018”.

También requirió de la Inspección General de Justicia que informe los datos completos de los responsables de las firmas BUNGE S.A.; BIGSUR S.A., TRADESUR S.A.

Stornelli pidió que se recabe de la AFIP toda la información, trámites, constancias, declaraciones juradas y documentos que constaten las manifestaciones de exportación de las mercaderías denunciadas, como asimismo se determine el destino de las mismas, debiendo informarse si efectivamente se concretaron las exportaciones.

Pidió además que se requiera del Banco Central que “circularice a las entidades bancarias a fin de que informen las cuentas que posean las firmas TRADER CARIBE, BUNGE SINGAPUR, BUNGE CHINA, BUNGE EGIPTO, BUNGE S.A., BIGSUR S.A., TRADESUR S.A., debiendo también remitir aquellas información que posea en relación a tales firmas y los eventuales movimientos que se hubieran registrado entre ellas durante el período denunciado”.