La Justicia desarticuló una asociación ilícita que emitió y comercializó facturas electrónicas apócrifas por más de $10.000 millones. La banda había creado 170 empresas ilícitas que generaron comprobantes para ser utilizados por unas 2.000 firmas usuarias desde 2016.

La acción del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3, de Morón, a cargo del doctor Néstor Barral, se produjo a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informó el organismo recaudador a través de un comunicado de prensa.

El magistrado dispuso el allanamiento de dos domicilios vinculados a esta organización ilegal en las localidades de Lomas del Mirador, en la Provincia de Buenos Aires y San José, en Entre Ríos, este último con la intervención del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

En los procedimientos, el juez dispuso el secuestro de elementos de interés para la causa, como computadoras, fotocopiadoras y teléfonos celulares.

Además, incautó dos automóviles, una lancha y una moto por presentar distintas irregularidades.

Por otro lado, se procedió a la detención de uno de los integrantes de la asociación ilícita en Entre Ríos.

La AFIP pudo detectar que los responsables de esta maniobra de evasión agravada tenían ramificaciones en varias provincias y utilizaban los datos de otros contribuyentes, en muchos casos jubilados o de bajos recursos sin la capacidad económica para desarrollar la actividad facturada.

Las pruebas surgieron tras el seguimiento de las direcciones IP desde las cuales se emitía la facturación apócrifa para la realización de trámites ante la AFIP.

El delito de evasión agravada prevé una pena de prisión que va desde los tres años y seis meses hasta un máximo de nueve años.

En el último año, la AFIP fortaleció la fiscalización para detectar facturas electrónicas apócrifas. A partir de esta tarea, se ha verificado que en el 95% de los casos detectados, las empresas dejaron de emitir facturas, confirmando la eficacia de los controles.