La falta de acuerdo entre los propietarios del correo privado OCA y la AFIP por una deuda impositiva de casi $6.000 millones derivó en un final anunciado: la Justicia decretó ayer la quiebra de la compañía postal.

A partir de ahora se abre un proceso de búsqueda de inversores que puedan estar interesados en adquirir la empresa, haciéndose cargo de los pasivos que totalizan unos $7.000 millones, ya que la AFIP es el principal acreedor pero no el único.

Mientras se desarrolle esta búsqueda, la Justicia garantiza la continuidad de las fuentes de trabajo de unos 6.500 empleados, en su gran mayoría afiliados al Sindicato de Camioneros que conduce Pablo Moyano. Los trabajadores recibieron notificación de la decisión judicial, según trascendió desde el gremio.

La quiebra fue decretada por el juez en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora Pablo Tejada.

La decisión fue ineludible después que la AFIP se negó a cualquier tipo de acuerdo que implicara otorgar a OCA los beneficios de un plan especial de pagos para empresas en situación de crisis mediante el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario.

El organismo recaudador era el único -y principal- de los tres grandes acreedores de OCA que se resistió a un acuerdo de renegociación. "Con el gremio de camioneros ya logramos un acuerdo. Con otro acreedor internacional, también. Sólo falta la AFIP", había explicado el mes pasado Patricio Farcuh, presidente de OCA, a este diario. Las gestiones se mantuvieron hasta último momento, pero el ente que encabeza Leandro Cuccioli se mantuvo intransigente y no accedió a dar las facilidades de pago que pedía la empresa.

"La AFIP está obligada por la ley a otorgar el 32. Si no lo hace, manda a OCA a la quiebra", había advertido Farcuh en ese momento. Y fue lo que finalmente ocurrió.

El artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario autoriza al jefe de la AFIP a otorgar planes especiales de regularización de deudas para empresas en situación de crisis, como el caso de OCA. Pero Cuccioli se niega a otorgar esa facilidad y exige que toda la deuda se pague en sólo 12 cuotas. En cambio, acceder al artículo 32 le permitiría a la empresa contar con 96 meses para pagar la deuda impostiva y 48 meses para la parte de seguridad social, incluyendo aportes.

En la intransigencia de la AFIP para ofrecer facilidades de pago -aun a costa de exponer a la empresa a un cierre y no poder cobrar un centavo- también se jugaron elementos políticos, según denunció en su momento Farcuh. Esto se debe a los vínculos atribuidos al Sindicato de Camioneros con el dueño de OCA. Y cuando Hugo Moyano rompió lanzas contra el gobierno de Mauricio Macri, muchas denunciaron que la empresa postal era víctima de represalias desde el poder político.

"Es evidente que la solución sólo puede llegar por la vía política. El Gobierno está empecinado en que a OCA le vaya mal. Tiene la posibilidad de salvar a la empresa con sólo apretar un botón, pero no lo hace. No tiene en cuenta que hay casi 10.000 empleos, entre directos e indirectos, que están en riesgo. Si se lo piensa en la cantidad de familias que representa, son casi tantas como la población de Tandil donde nació el Presidente Macri", había planteado Farcuh en declaraciones a este diario.

Ahora, el juez inhabilitó al empresario y prohibió su salida del país. Farcuh ya enfrenta una denuncia de la AFIP en el fuero Penal Económico. A fines de 2018 el juez Javier López Biscayart lo procesó por el delito de retención indebida de aportes de la seguridad social, y le trabó un embargo de 500 millones de pesos sobre sus bienes.

El juez designó como administradores de la quiebra a Rodolfo Déhenen, María del Carmen Perez Alonso y María Cristina Ratibel.