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El Ejecutivo oficializó la prórroga contractual hasta febrero de 2049 para compensar el impacto económico de la pandemia. La firma deberá volcar el 75% de las obras antes de 2031 y los desembolsos quedarán excluidos de los beneficios del RIGI.
El Gobierno nacional formalizó una renegociación integral con la empresa Aeropuertos Argentina para prorrogar la concesión de las terminales aéreas en 35 puntos del país hasta el 13 de febrero de 2049, con una opción de extensión posterior hasta 2056. La medida, oficializada este lunes mediante una Decisión Administrativa en el Boletín Oficial, establece que la compañía deberá concretar un plan de obras e infraestructura por USD 600 millones, como contraprestación por la ampliación del plazo de explotación original que vencía formalmente en 2038.
El entendimiento técnico se estructuró a partir de una tasa interna de retorno de referencia del 14,3% para reequilibrar la ecuación económico-financiera del contrato, severamente alterada por las restricciones operativas y el desplome de pasajeros derivado de la pandemia de coronavirus. En ese marco, las autoridades descartaron aumentos extraordinarios en las tarifas a los usuarios o reducciones en los estándares de calidad del servicio, optando por extender el período de amortización temporal de las inversiones de capital requeridas para modernizar las pistas y salas de embarque.
El esquema pactado bajo la supervisión del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) fija exigencias de cumplimiento perentorias. Para acceder a la extensión máxima, la empresa deberá certificar antes del 30 de junio de 2027, mediante una auditoría internacional, la disponibilidad efectiva de los fondos; asimismo, tendrá que tener finalizado al menos el 75% del plan de inversiones antes del cierre de 2031. Desde el área económica ratificaron además que los desembolsos comprometidos en este proceso no contarán con los beneficios impositivos y aduaneros del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).
El convenio clausura de manera definitiva los reclamos patrimoniales cruzados entre el Estado nacional y la concesionaria por controversias anteriores y perjuicios asociados al período de emergencia sanitaria. De este modo, la administración central busca neutralizar eventuales litigios indemnizatorios en tribunales y garantizar la continuidad operativa de la red aeroportuaria frente a las proyecciones de incremento del tráfico comercial y turístico durante las próximas dos décadas.
