El sector minero internacional enfrenta un debate que va más allá de la riqueza geológica: el impacto del tiempo administrativo en la viabilidad económica de los proyectos. Un informe reciente de mining.com reveló que en Canadá existen 15 yacimientos de oro con reservas probadas y estudios de factibilidad concluidos que permanecen paralizados a la espera de permisos finales. La cifra equivale a una capacidad productiva estimada en 2,5 millones de onzas anuales o cerca de US$ 10.750 millones de facturación potencial por año, poniendo en evidencia cómo la acumulación de plazos burocráticos puede inmovilizar miles de millones de dólares antes de la etapa de extracción.

El diagnóstico canadiense adquiere especial trascendencia para la Argentina, donde la minería aurífera no es una promesa a futuro sino el motor central del ingreso de divisas de la actividad. Durante 2025, las exportaciones mineras nacionales sumaron US$ 6.073 millones y el oro explicó el 67,4% del total, llegando a representar el 96,7% de los despachos de San Juan y el 84,2% de los de Santa Cruz. Ante la necesidad de sumar nuevos yacimientos de escala para sostener y ampliar esa capacidad exportadora, la experiencia del país norteamericano expone el riesgo de que la riqueza mineral quede atrapada en expedientes estatales mientras el capital global busca jurisdicciones más ágiles.

Estudios de la consultora S&P Global reflejan que el período promedio entre el descubrimiento de un recurso y su entrada en operación comercial ya ronda los 16 años a nivel mundial, extendiéndose a casi tres décadas en aquellos activos que ya finalizaron sus análisis de factibilidad pero siguen sin operar. Frente a este escenario, la Casa Rosada avanzó recientemente mediante el Decreto 482/2026 en la digitalización de trámites, simplificación de la estabilidad fiscal bajo la Ley de Inversiones Mineras y su articulación con el RIGI. Sin embargo, el desafío de fondo no pasa por relajar exigencias ambientales ni otorgar avales automáticos, sino por garantizar una coordinación técnica y plazos previsibles que eviten sobrecostos financieros capaces de hacer naufragar inversiones estratégicas.