Las resoluciones de las Secretarías de Hacienda y Finanzas ratificaron las pautas de las operaciones garantizadas por el Banco Mundial y el BID. El costo de estructuración, los bancos internacionales seleccionados y la prórroga jurídica.
El Ministerio de Economía de la Nación formalizó las condiciones contractuales específicas de las dos operaciones de crédito internacional que suman un valor consolidado de 3.200 millones de dólares. A través de las resoluciones conjuntas 40, 41 y 42 de las Secretarías de Hacienda y Finanzas publicadas este miércoles 8 de julio de 2026, el Palacio de Hacienda aprobó la documentación técnica de los préstamos con garantía de organismos multilaterales, diseñados con el propósito de afrontar las exigencias de vencimientos de la deuda soberana en moneda extranjera y reforzar el programa financiero del Tesoro de cara al bienio 2026-2027.
La primera línea de financiamiento asciende a un monto de 2.000 millones de dólares y cuenta con el respaldo institucional del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), miembro del Grupo Banco Mundial, en coparticipación con el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). El instrumento legal identifica como consorcio de entidades prestamistas a las sucursales del BBVA y del Banco Santander, fijando una tasa de interés nominal anual cercana al 6.3% sobre un plazo de amortización de seis años que contempla un período de gracia inicial de tres años y medio.
El segundo tramo del financiamiento se estructuró por un valor total de 1.200 millones de dólares bajo el marco de una garantía parcial otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), habiéndose adjudicado la provisión de los fondos a la filial londinense del Deutsche Bank. Los parámetros financieros convalidados para este tramo establecen un rendimiento del 7.75% anual sobre una extensión total de diez años de plazo, conservando el mismo lapso de gracia para los pagos de capital y designando en ambos contratos a The Bank of New York Mellon (BNY) como agente administrativo de los recursos.
Los pliegos oficiales detallan el esquema de aranceles y comisiones que el Estado argentino deberá liquidar a las bancas de inversión privadas por las tareas operativas de colocación. Las resoluciones reconocen a favor del BBVA y del Santander un estipendio de estructuración de equivalente al 0.50% del capital prestado, lo que representa un desembolso de 10 millones de dólares, mientras que para el Deutsche Bank se pautó una comisión inicial de idéntico porcentaje que se traduce en un costo de 6 millones de dólares, acumulando una erogación global de 16 millones de dólares en concepto de honorarios de gestión corporativa.
En el orden estrictamente jurídico, los contratos aprobados por el Poder Ejecutivo contemplan la sumisión expresa a la legislación de los tribunales de Nueva York para dirimir eventuales controversias, una cláusula habitual en los contratos financieros internacionales de carácter soberano. Los textos oficiales aclaran, no obstante, que dicha prórroga de jurisdicción territorial no constituye una renuncia a la inmunidad de ejecución respecto de los bienes del dominio público protegidos por el andamiaje legal de la República Argentina.
Finalmente, el Palacio de Hacienda convalidó las condicionalidades de cumplimiento normativo típicas que imponen los organismos de crédito para mantener vigentes los desembolsos periódicos presupuestarios. El Estado nacional se comprometió formalmente a preservar su condición de miembro activo dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI), aplicar los estándares regulatorios globales en materia de prevención del lavado de activos y transparencia institucional, y asegurar la cláusula de igualdad de trato respecto de otras obligaciones financieras no garantizadas vigentes en los mercados externos.