Tras el dato de inflación de marzo, se limitaron las subas mensuales de AySA al 3% durante los próximos meses.
El Gobierno decidió intervenir en el esquema de actualización tarifaria del servicio de agua con el objetivo de moderar el impacto de los aumentos en la inflación. A través de una resolución oficial, se estableció un tope del 3% mensual para las subas de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida se da luego de un dato de inflación adverso y en un contexto donde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula varios meses de presión al alza.
La Resolución 14/2026, publicada en el Boletín Oficial, modificó el mecanismo de actualización de tarifas de agua potable y cloacas.
De esta manera, el Gobierno redujo el límite de aumentos mensuales del 4% al 3% para el próximo cuatrimestre, con la intención de desacelerar la incidencia de estos ajustes en el índice de inflación.
La decisión implica una moderación en el ritmo de recomposición tarifaria, que había sido uno de los factores de presión sobre los precios en los últimos meses.

Un informe del Banco Central advierte que empresas y familias acceden a menos financiamiento en un contexto de mora en alza y enfriamiento económico.
Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es mantener el equilibrio económico de la concesión sin recurrir a transferencias del Estado, en línea con el proceso de reducción del gasto público.
La medida se enmarca además en el plan de privatización de la empresa impulsado por la gestión de Javier Milei y el Ministerio de Economía.
Desde la empresa señalaron que existe un atraso en las tarifas que impactó en su funcionamiento.
Según estimaciones de la propia compañía, esta situación generó una pérdida de ingresos superior a los 95 mil millones de pesos, lo que obligó a postergar inversiones y recurrir a financiamiento.
En paralelo, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dispuso un mayor seguimiento sobre la situación financiera de la empresa.

Consultoras detectaron un repunte en las últimas semanas del mes, con subas en productos clave que impactan en la canasta básica.
La resolución obliga a AySA a presentar informes económico-financieros correspondientes al primer y segundo trimestre de 2026, con el objetivo de evaluar la evolución del esquema tarifario.
Además, se exigirá un estudio que detalle los objetivos alcanzados y los planes a futuro dentro del proceso de convergencia de tarifas.
El Gobierno también ratificó la continuidad de la Tarifa Social, destinada a amortiguar el impacto de los aumentos en los sectores más vulnerables.
En un escenario de inflación persistente y caída del poder adquisitivo, la medida busca equilibrar la necesidad de ajuste tarifario con la contención del impacto social y estadístico sobre los precios.