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El Gobierno de Estados Unidos volvió a respaldar a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, en un movimiento que fortalece la posición del país en una instancia clave del litigio que se tramita en tribunales de Nueva York.
El Gobierno de Estados Unidos volvió a expresar su respaldo a la Argentina en el juicio internacional por la expropiación de YPF, un litigio que se desarrolla en tribunales de Nueva York y que podría tener consecuencias millonarias para el país.
El apoyo se materializó a través de una presentación del Departamento de Justicia estadounidense, que intervino ante la Justicia como amicus curiae (amigo del tribunal) para respaldar la posición argentina frente a algunos de los reclamos impulsados por los fondos demandantes.
El litigio se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, cuando el Estado argentino tomó el control de las acciones que pertenecían a la petrolera española Repsol. Años después, inversores que tenían participación indirecta en la compañía iniciaron una demanda en Estados Unidos al considerar que el proceso violó el estatuto de la empresa.
En 2023, la jueza Loretta Preska, del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, condenó a la Argentina a pagar cerca de US$16.100 millones a los demandantes, principalmente al fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del grupo Petersen.
Actualmente, una de las discusiones centrales del caso gira en torno a la posibilidad de que la Justicia estadounidense ordene la entrega del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino como forma de pago de la sentencia.
En ese contexto, el respaldo del gobierno norteamericano cobra relevancia porque apunta a fortalecer la estrategia legal argentina en una etapa decisiva del proceso, donde también se debaten posibles sanciones y pedidos de desacato contra el país.
El caso continuará avanzando en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que tiene previsto analizar diferentes aspectos de la causa en las próximas audiencias, mientras la Argentina intenta revertir o suspender los efectos del fallo millonario.
