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Con media sanción en el Congreso, el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal propone una fuerte actualización del régimen de multas de ARCA, con aumentos que podrían afectar seriamente a pymes y monotributistas por incumplimientos impositivos.
El proyecto de Ley de Inocencia Fiscal impulsa una revisión integral del sistema de multas que aplica ARCA por incumplimientos impositivos, tanto formales como vinculados a la falta de presentación de declaraciones juradas. La iniciativa busca que las sanciones dejen de ser simbólicas y recuperen un verdadero efecto disuasivo, aunque el salto en los montos genera preocupación en amplios sectores económicos.
Según explicó Juan Fuster, socio del área Tax de Russell Bedford Argentina, el incremento propuesto marca un quiebre respecto del esquema vigente y obliga a los contribuyentes a repensar sus procesos de cumplimiento fiscal ante el riesgo de penalidades mucho más elevadas.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la magnitud de los aumentos. En el caso de las sociedades, las multas por no presentar declaraciones juradas pasarían de $400 a $440.000, mientras que para las personas humanas, las sanciones mínimas por declaraciones juradas informativas escalarían de $5.000 a $5 millones.
En el universo de las personas jurídicas, el panorama es aún más delicado: el tope de las multas por incumplimientos informativos podría alcanzar los $10 millones, un nivel que genera fuerte inquietud en el sector empresario y que, según especialistas, podría tener un impacto significativo en la operatoria de pequeñas y medianas empresas.
Más allá de los montos, profesionales en ciencias económicas advierten sobre un riesgo adicional que podría amplificar el efecto de la reforma. Señalan la necesidad urgente de mejorar la estabilidad del sistema online de ARCA, ya que una caída de la plataforma en fechas de vencimiento podría derivar en sanciones extremadamente altas para contribuyentes que no tuvieron responsabilidad directa en el incumplimiento.
Este escenario suma un nuevo factor de tensión al ya complejo vínculo entre contribuyentes y administración fiscal, en lo que algunos especialistas describen como una versión 2025 del estrés fiscal.
Otro aspecto central de la iniciativa es la incorporación de un mecanismo de actualización automática a partir de 2027. Según el esquema previsto, los montos de las multas se ajustarán anualmente en función de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), con el objetivo de evitar que las sanciones pierdan peso real con el paso del tiempo.
De acuerdo con Fuster, este punto busca aportar mayor previsibilidad al sistema impositivo, aunque advierte que la combinación entre montos elevados y ajustes automáticos obligará a los contribuyentes a extremar los cuidados en materia de cumplimiento tributario.
