La Argentina comunicó a la jueza federal Loretta Preska que pedirá a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional que cooperen con la justicia de Estados Unidos y entreguen el contenido de sus dispositivos móviles, tal como lo requirió el tribunal en la causa por la expropiación de YPF. Entre los alcanzados por el pedido figuran el ministro de Economía, Luis Caputo, y su predecesor, Sergio Massa. La presentación -difundida por el especialista Sebastián Maril- también solicita prorrogar el plazo de cumplimiento hasta el 21 de noviembre.

El requerimiento forma parte del proceso de obtención de pruebas (discovery) promovido por el fondo Burford Capital, beneficiario del fallo que condenó a la República Argentina a pagar más de US$ 16.000 millones. El objetivo jurídico es sustentar la tesis de que el Estado argentino y YPF actuaron como una misma entidad -la doctrina del "alter ego"-, pese a que la sentencia original eximió a la petrolera de responsabilidad directa.

Si la parte demandante logra acreditar el "alter ego", podría habilitar embargos sobre activos de YPF y eventualmente de otras empresas públicas -como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas o ENARSA- para garantizar el cobro de la condena.

La orden judicial apunta a mensajes y comunicaciones -incluidas plataformas como WhatsApp- que pudieran evidenciar el uso de canales no oficiales para impartir directivas, interferir en precios de combustibles o condicionar la gestión de YPF en beneficio del Estado, en detrimento del funcionamiento autónomo esperado para una sociedad anónima independiente.