En el equipo del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, esperan una discusión compleja por la dimensión de la caída económica en el primer semestre del año. También descuentan que el debate durará más de un día por tratarse de la primera sesión a distancia de esta institución. La convocatoria alcanza a 16 miembros por las principales cámaras empresarias (industrial, comercio, construcción, agro, bancos, Bolsa de Comercio, pyme) y otros tantos de la CGT y las dos versiones de la CTA (de los Trabajadores y Autónoma). Los funcionarios planean sumar, como invitados, a referentes de los movimientos sociales aunque sin poder de voto.

La particularidad de que será la primera sesión de este tipo por completo virtual implicará que cada uno de los representantes deberá, antes de la reunión, certificar de manera remota su identidad. Si a eso se suma el hecho de que serán muchos protagonistas con intención de pronunciarse, en la cartera laboral calculan que el debate podrá durar dos o más días. El primer encuentro plenario fue convocado para el 14 de octubre a las 15 y el segundo, a las 16.30. Más allá del monto, que esperan situar cerca del 30% de suba que pactó el gremio de Camioneros y que se corresponde con varias de las paritarias que cerraron hasta ahora (Aceiteros, con 25%; Asociación Bancaria, 26% y el gremio del neumático, Sutna, con 37%, son los principales resultados) en el equipo económico confirmaron que el ajuste se trasladará al valor del ATP: esa compensación sobre el salario que la ANSES deposita en cada cuenta sueldo de las empresas en crisis equivale como mínimo a un salario mínimo, de $16.875, y como máximo a dos de esos pagos, es decir 33.750 pesos.

También, como destacó ayer este diario, la variación repercutirá en el salario social complementario que reciben como retribución más de 500 mil beneficiarios de planes de asistencia. Ese pago es de 8.500 pesos y está sujeto al valor del salario mínimo. Otro ítem que podría ser influido por el aumento del salario mínimo es el sueldo de los docentes, que desde la gestión de Mauricio Macri tiene una garantía de que crecerá 20% por encima del valor del piso formal. Sin embargo, por estar el ingreso garantizado de los trabajadores de la educación en torno de los 25 mil pesos no aparece en el horizonte de la actual sesión del Consejo del Salario la chance de solaparse uno con otro.

En tanto, en el Gobierno descartaron avanzar sobre un histórico reclamo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de otras cámaras patronales que pasa por regionalizar el salario mínimo. Es decir, fijar un valor diferencial en función de las canastas básicas de cada región del país. Tampoco está previsto eximir a algún sector del pago del aumento que termine por resolverse. Otra confirmación: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no será aumentado en una proporción con el salario mínimo. El argumento oficial es que ese aporte está disociado del salario mínimo pero una especulación de algunos actores sindicales y sociales dejaba abierta esa inquietud.

Si se tiene en cuenta la pérdida de puntos del salario mínimo desde 2018 la suba que evalúa el Ejecutivo está muy por debajo: en esos dos años el desfasaje contra la inflación acumuló más de 40 puntos (en el bienio la canasta trepó más de 101 por ciento y el piso salarial, 60 por ciento) y en el Gobierno, aunque lo reconocen, señalan que una recuperación real podrá negociarse recién en 2021 en un eventual escenario de salida plena de las restricciones que impuso la cuarentena. Como compensación señalan que el ajuste del salario mínimo podrá ser referencia para los trabajadores informales y otros sectores que se reflejan en esa pauta.