El director de Operaciones  y Finanzas de la empresa, Daniel Rivadulla, explicó que esta variación que solicitan responde a la actualización por inflación en las tarifas de transporte y distribución, y también por el impacto de la devaluación en el precio del gas. El monto que paga un usuario residencial se compone en un 40% por el precio del gas, un 30% por lo que reciben las distribuidoras, un 10% de transporte y un 20% de impuestos. 

Hay que recordar que en el marco de la revisión integral tarifaria, después del congelamiento de 15 años, se autorizaron tres aumentos: en abril de 2017 (27,6%), en diciembre de 2017 (39%) y en abril de 2018 (40%). A partir de entonces se estableció que la actualización de las tarifas de las distribuidoras y de transporte iba a ser por inflación. Rivadulla señaló que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumulado de enero a agosto de 2018 se estima en 28,82%.

Pero el otro factor que analizó el representante de Ecogas es el impacto del tipo de cambio en el precio del gas. Esto, porque la cotización en función de la cual se contrató la compra en boca de pozo a los productores se estimó de $18,33 de enero a marzo -cuando pasó de $20,2 a $26- y de $20,35 de abril a setiembre, cuando el dólar trepó desde los $27,2 en abril a los $41 en unos días de agosto.

Rivadulla planteó que los acuerdos perdieron vigencia porque se contemplaba que todo incremento en el precio del gas que superara el 20% se debía trasladar a la tarifa -lo que no ocurrió- y porque las bases y condiciones establecen el principio de pass trough. Este implica que las distribuidoras no deben ganar ni perder por el precio del gas. 

La empresa distribuidora solicitó a los productores una renegociación de los contratos para que el tipo de cambio de octubre a marzo se fije en $31 y para pagarles en cuotas las diferencias diarias acumuladas, producto de este descalce entre la cotización estimada y la efectiva. También pidió que tuvieran en cuenta que ha aumentado la oferta disponible y habrá una disminución de la demanda (el consumo en verano es inferior).

En función de lo que han avanzado en estas negociaciones, Ecogas presentó un pedido de incremento de 27,6% para el usuario promedio residencial y de 24,3% para la social (el 27% de los clientes mendocinos tienen este beneficio). De este modo, el monto mensual para el primer caso sería de $641 ($1.282 en la factura bimestral) y, para el segundo, de $375 ($750 bimestrales).

Pero este importe no incluye las diferencias diarias acumuladas en el precio que pagaron por el gas, motivadas por la variación en el tipo de cambio, ya que están supeditadas a la metodología que apruebe el Enargas. La distribuidora ha propuesto pagarlas a los productores en 24 cuotas a partir de enero de 2019, pero a medida que vayan recaudando este monto con la facturación. Es decir, el impacto de la devaluación se traslada, por el principio del pass trough, a los usuarios. 

El director de Operaciones y Finanzas señaló, además, que, con este aumento solicitado, 93% de los usuarios pagarán en verano hasta $1.500 mensuales (una factura bimestral de $3.000). 

Pidieron nulidad

La audiencia pública para la revisión de la tarifa para el interior del país se realizó en Santiago del Estero y hubo sedes virtuales. En Mendoza, se pudo participar desde la oficina de Ecogas, donde se ubicó una cámara, pero no había espacio para presenciarla (ni una pantalla), por lo que sólo fue posible seguirla por la red YouTube.

Uno de los oradores, Martín Sevilla (vicepresidente de la Asociación Civil Consumidores Mendocinos), presentó un recurso de nulidad de la audiencia porque manifestó que, en la información disponible en internet no estaban incluidos los contratos de las distribuidoras con las productoras, base del cálculo de la futura tarifa. También indicó que, para pedir un ajuste, Ecogas debería haber contratado el 50% del gas para el período estacional, pero la empresa reconoció que no ha sido así. 

Sevilla pidió que las diferencias diarias acumuladas no se transfieran a las tarifas, porque los productores ya han tenido un importante aumento en la rentabilidad. También reclamó por que se revisen los valores del gas en boca de pozo, ya que el costo de producción ha disminuido. 

Romina Ríos Agüero, presidenta de Protectora, adelantó que van a solicitar en la Justicia la nulidad de la audiencia y señaló que han recibido entre 40 y 50 reclamos diarios por el elevado monto de las facturas. 

Asimismo, recordó que aún no han tenido respuesta a su solicitud de auditoría por las lecturas estimadas e insistió en un reclamo histórico de la entidad, de que se aplique un cuadro tarifario diferenciado por el clima provincial.