La fabricante de vehículos eléctricos Tesla se sienta en el banquillo de los acusados en Oakland tras el inicio de un juicio civil impulsado por el Estado de California, que le imputa haber tolerado prácticas generalizadas de discriminación y hostigamiento contra sus operarios afroamericanos. La causa judicial, radicada en el Tribunal Superior local ante el juez Peter Borkon, se perfila como uno de los procesos sobre derechos civiles en el ámbito corporativo más trascendentes de los últimos años en Estados Unidos, con audiencias orales programadas de manera ininterrumpida hasta el 30 de octubre.

La demanda fue formalizada originalmente en 2022 por el Departamento de Derechos Civiles californiano a raíz de lo ocurrido en la emblemática planta de ensamblaje de Fremont, California. De acuerdo con la acusación gubernamental, la empresa que conduce Elon Musk incurrió en segregación sistemática al asignar a los trabajadores afroamericanos a los puestos de menor remuneración y mayor esfuerzo físico, denegarles sistemáticamente ascensos jerárquicos y permitir insultos racistas, amenazas y pintadas denigrantes en las instalaciones sin arbitrar medidas efectivas de prevención. Si bien la firma rechazó los cargos argumentando una política de "tolerancia cero" y despidos preventivos, el director del organismo fiscalizador, Kevin Kish, ratificó que buscan sentar un precedente sobre las responsabilidades patronales.

El proceso se desarrollará bajo la modalidad de juicio por tribunal unipersonal, lo que implica que el magistrado Borkon resolverá en soledad si la multinacional infringió las normativas antidiscriminatorias estatales. A diferencia de los topes resarcitorios que fija la legislación federal estadounidense, las leyes laborales de California no prevén límites a las compensaciones económicas, lo que expone a la automotriz a desembolsos multimillonarios en caso de recibir un fallo condenatorio.

El frente legal de Tesla acumula antecedentes complejos: aunque el año anterior el juez Borkon dejó sin efecto una acción colectiva que agrupaba a más de 6.000 operarios, la compañía mantiene abiertas decenas de demandas individuales y una investigación formal de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC). En litigios previos por hechos similares en la misma factoría, jurados populares llegaron a conceder indemnizaciones de hasta 137 millones de dólares a extrabajadores hostigados —monto que con posterioridad fue morigerado en revisiones de alzada—, lo que eleva la presión sobre el directorio de la firma tecnológica.