La Justicia de Estados Unidos autorizó embargos por US$210 millones contra la Argentina en el marco del juicio por la deuda soberana que entró en default tras la crisis de 2001. La jueza Loretta Preska tomó la decisión luego de que la Corte Suprema de EE.UU. rechazara la apelación del país, lo que habilitó a los acreedores a reclamar activos argentinos, específicamente los bonos Brady. Además, la magistrada congeló otros US$100 millones hasta que los fondos Attestor Master y Bainbridge Fund finalicen sus disputas legales.

Con esta resolución, los acreedores podrán tomar posesión de los fondos que Argentina tenía depositados en la Reserva Federal de Nueva York, así como en cuentas de Alemania y Suiza. La medida se suma a la reciente ejecución de la garantía por US$325 millones en el caso del Cupón PBI Londres. La causa fue impulsada por holdouts que no aceptaron los canjes de deuda de 2005, 2010 y 2016, y lograron una sentencia favorable en primera instancia, ratificada en agosto por la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

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El litigio se centra en los bonos Brady, emitidos por Argentina en 1993 como parte de un plan para reestructurar deudas con bancos comerciales estadounidenses. Estos títulos, respaldados por bonos del Tesoro de EE.UU., vencieron en marzo de 2023, pero la garantía sigue congelada. Con este fallo, los fondos buitre obtienen un nuevo triunfo judicial, mientras Argentina enfrenta una creciente presión financiera en medio de sus negociaciones con el FMI.