La primera reunión del año de la comisión bicameral había sido programada para el pasado 6 de febrero, pero un día antes, su presidente, el kirchnerista Marcos Cleri, decidió suspenderla, argumentando la "falta de respuesta por parte del Ejecutivo Nacional al pedido de informes sobre los alcances del DNU".

El documento mediante el cual se comunicó la suspensión daba cuenta de que desde la bicameral pidieron opiniones a seis comisiones permanentes de ambas cámaras, "conforme lo contempla el artículo 10 de la Ley 26.122, cuyas respuestas están aún pendientes".
Según Cleri, esperaban informes de las comisiones de Justicia (Diputados), Legislación General (Diputados), Legislación Penal (Diputados), Justicia y Asuntos Penales (Senado), Legislación General (Senado) y de Seguridad Interior y Narcotráfico (Senado).
Más allá de las cuestiones formales, trascendió en el ámbito legislativo que otro de los motivos de la suspensión fue la ausencia de Buenos Aires de al menos tres de los 16 integrantes del cuerpo.
En la comisión -la única que funciona aún durante el receso del Congreso- el oficialismo cuenta con ocho miembros, en tanto que los otros ocho corresponden a la oposición: cuatro responden a Argentina Federal, tres al Frente para la Victoria-PJ, y se suma la senadora salteña Cristina Fiore Viñuales, cercana al gobernador de Salta Juan Urtubey, ahora precandidato presidencial del peronismo.
De acuerdo a la paridad en las representaciones, los dictámenes de aval y de rechazo al proyecto quedarían con ocho firmas cada uno, y la posición del camporista Cleri definiría a favor de la postura de la oposición.
Si bien los dictámenes de la bicameral no son vinculantes, para que sea desactivado un DNU, se necesita que ambas cámaras del Congreso rechacen la medida con mayoría simple de votos en los respectivos recintos.
El DNU 62/19, que ingresó el 30 de enero a la Cámara de Diputados, establece la extinción de dominio como una acción civil autónoma del proceso penal, iniciada a partir de una medida cautelar sobre los bienes, por su presunta vinculación con el delito.