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En la primera jornada ante el Tribunal Oral Federal 5, se leyó el dictamen fiscal que ubicó a Néstor y Cristina Kirchner como jefes de una organización criminal dedicada a reciclar fondos ilícitos mediante alquileres simulados.
Con la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner conectados de manera remota a través de Zoom, el Tribunal Oral Federal 5 dio inicio este viernes al juicio oral y público por las causas unificadas Hotesur y Los Sauces en los tribunales federales de Comodoro Py. La apertura del debate estuvo marcada por la lectura del requerimiento de elevación a juicio, donde el Ministerio Público Fiscal describió una “compleja maniobra de corrupción” montada por una presunta organización criminal que operó durante más de doce años para sustraer fondos públicos y blanquearlos en el patrimonio familiar.
De acuerdo con la pieza acusatoria elaborada originalmente por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y sostenida en la sala por el fiscal de juicio Diego Velasco, la exmandataria “diseñó, ejecutó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito” a través de la inmobiliaria Los Sauces. La imputación remarcó que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández aportaron "el poder y la jerarquía" como jefes de la estructura, mientras que a su hijo se le atribuyó el rol de organizador de los circuitos comerciales cuestionados.
La fiscalía detalló que la firma Los Sauces facturó 25 millones de pesos entre enero de 2009 y marzo de 2016 bajo el concepto de locaciones inmobiliarias. El informe remarcó que el 88% de esa facturación provino de empresas ligadas a Lázaro Báez y a los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa, mediante arrendamientos de propiedades en Puerto Madero calificados como innecesarios para su giro comercial y carentes de justificación económica real.
En el tramo dedicado a las contrataciones, se especificó que las firmas de López y De Sousa canalizaron poco más de 18 millones de pesos por un dúplex y departamentos con cocheras, mientras que el entramado de Báez inyectó más de 4 millones de pesos para presuntamente legitimar los retornos derivados del direccionamiento de la obra pública vial.
Entre las responsabilidades individuales de los 25 imputados en este tramo, la acusación fiscal apuntó contra Romina Mercado, sobrina de la exjefa de Estado y expresidenta de Los Sauces tras la salida formal de Máximo Kirchner. La imputación le atribuyó haber gestionado la adquisición del departamento porteño de San José 1111 para cederlo a Florencia Kirchner como vivienda particular, sin contraprestación financiera ni tratamiento formal en los libros de la sociedad. En esa misma propiedad es donde actualmente Cristina Kirchner cumple el régimen de prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.
La audiencia contó con la presencia en sala del excontador familiar Víctor Manzanares, quien reiteró su condición de arrepentido y su decisión de declarar en las próximas etapas. Tras completar la lectura del primer bloque de la acusación, el presidente del tribunal, José Michilini, dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 26 de octubre a las 10, suspendiendo la jornada del sábado ante un recurso planteado por la defensa de Báez.
