El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, viajó a Zúrich para asistir este jueves a una reunión oficial del Consejo de la FIFA, tras haber obtenido una nueva autorización del fuero Penal Económico. La salida al exterior se produjo en un escenario judicial complejo: mientras rige sobre el dirigente una prohibición formal de abandonar el país por una causa en la que está procesado, un fiscal federal requirió el envío de un exhorto a la Justicia suiza para esclarecer el origen y concepto de fondos transferidos a sus cuentas bancarias por la propia entidad matriz del fútbol mundial.

La medida procesal fue impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Tapia, expediente radicado ante el Juzgado Federal conducido por Ariel Lijo que analiza su evolución patrimonial a partir de su desempeño como funcionario público en la empresa estatal CEAMSE. El dictamen fiscal solicita a las autoridades helvéticas que intimen a la FIFA para que justifique tres transferencias por un total de USD 189.000 acreditadas en una caja de ahorros argentina a nombre del dirigente: una por USD 49.585,53 en diciembre de 2018, otra por USD 124.583,56 en junio de 2019 y un último envío de USD 15.408,09 ejecutado en marzo de 2020.

Caución de $30 millones y compromisos en Conmebol y FIFA

El permiso de viaje concedido por el juez Diego Amarante abarca el período del 11 al 17 de octubre inclusive para que Tapia cumpla compromisos deportivos en Paraguay y Suiza en su doble rol de titular de la AFA y miembro directivo de la Conmebol. Para habilitar el desplazamiento fuera de las fronteras nacionales, el magistrado le impuso al directivo la cobertura de una caución real fijada en $30.000.000, mecanismo al que recurre regularmente para cumplir con las exigencias protocolares internacionales.

En el juzgado a cargo de Amarante radica la única causa por la que el mandamás del fútbol argentino se encuentra procesado con un embargo asegurado de $350.000.000. El expediente lo acusa formalmente de “apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con retención irregular de recursos de la seguridad social en 17 ocasiones”. En el mismo tribunal avanza además una investigación por presunta asociación ilícita fiscal y uso de facturación apócrifa vinculada al Impuesto a las Salidas No Documentadas entre 2024 y 2025 por un monto superior a los $289 millones.