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El representante de las hermanas del Diez solicitó ante el tribunal penas de prisión efectiva e inhabilitación profesional para Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Forlini por homicidio con dolo eventual.
El juicio oral por el fallecimiento de Diego Armando Maradona ingresó en su fase final en los tribunales de San Isidro con la apertura de los alegatos de las querellas. Ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7, el abogado Pablo Jurado, representante legal de las hermanas del excapitán de la Selección argentina, solicitó penas de ocho años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, y de diez años de cárcel para la coordinadora médica Nancy Forlini, bajo la imputación de homicidio simple con dolo eventual.
“Al comienzo del juicio les prometí que acreditaría el abandono físico de la víctima, la omisión criminal de quienes debían advertirlo y actuar, y la posición de garante de aquellos que debían vigilar la salud de Maradona; fue la crónica de una muerte anunciada”, aseveró Jurado durante su alegato. El letrado remarcó que el exfutbolista no se encontraba de descanso sino bajo un régimen formal de internación domiciliaria en la vivienda del barrio San Andrés de Tigre: “Maradona empezó a morir 12 horas antes del hallazgo por una insuficiencia cardíaca. No hay mucho más que agregar”.
La acusación se concentró en la responsabilidad de Luque como médico de cabecera, a quien se le achacó no haber profundizado exámenes clínicos, convalidar el traslado sin recursos técnicos indispensables y desoír alertas de insuficiencia cardíaca y edema pulmonar, solicitando además diez años de inhabilitación médica. Idéntica accesoria e imputación recayó sobre Cosachov por negligencia en la diagramación del dispositivo asistencial, fallas en la supervisión de psicofármacos, desatención durante las maniobras de reanimación y el agravante de falsedad ideológica.
Para Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical, la querella exigió la pena máxima de diez años de prisión al considerarla garante de la logística sanitaria en la vivienda. Jurado le recriminó no haber verificado las condiciones edilicias del inmueble, prescindir de ambulancias con soporte vital avanzado para emergencias cardiopulmonares, omitir la confección de la historia clínica y tolerar severas desconexiones operativas entre los prestadores.
En el escalón de los auxiliares de salud, la querella encuadró las conductas en el delito de homicidio culposo y requirió tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero de turno Ricardo Almirón. Almirón fue cuestionado por un control deficiente durante la guardia previa al deceso y por reportar falsamente que Maradona descansaba con normalidad mientras transitaba un cuadro agónico.
En contraposición, Jurado desistió de acusar al médico clínico Pablo Di Spagna —quien nunca llegó a examinar al paciente en Tigre— y al psicólogo Carlos Díaz, argumentando que su formación técnica no le permitía diagnosticar un fallo cardíaco agudo. El pedido de absolución para Díaz generó una inmediata escena de tensión en la sala de audiencias, provocando el llanto de Gianinna y el visible malestar de Dalma Maradona en la previa del alegato que expondrá su patrocinante, Fernando Burlando.
