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El Ministerio de Capital Humano ofreció un incremento desestimado por los sindicatos, que reclaman una recomposición del 32,5%. Las organizaciones definirán un plan de lucha y evalúan una masiva movilización federal.
La tensión entre el Gobierno nacional y los gremios universitarios llegó a un punto crítico tras el fracaso de la nueva audiencia paritaria celebrada este jueves en el Palacio Pizzurno. A pesar de los reclamos de los sectores docentes y no docentes, la Secretaría de Educación ratificó su postura de aplicar un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, desestimando por completo el pedido de una recomposición salarial del 32,5% exigida por los sindicatos para recuperar el poder adquisitivo perdido.
Frente a esta negativa oficial, la dirigencia sindical confirmó que tras finalizar las negociaciones con los trabajadores no docentes se llevará a cabo una cumbre intersectorial para diagramar un nuevo plan de lucha. Entre las opciones que cobran mayor fuerza se destaca la convocatoria a una quinta marcha nacional en defensa de la educación pública bajo la actual administración, un escenario que profundizaría aún más el desgaste político con la Casa Rosada.
Este nuevo cortocircuito paritario se da en paralelo a la fuerte discusión por el Presupuesto 2027, que actualmente se debate en el Congreso. Mientras el proyecto oficial destina 7,3 billones de pesos para el sector, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculan que las universidades públicas necesitan al menos 11 billones para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones, los hospitales universitarios y las becas estudiantiles.
Desde el CIN advierten que casi el 90% de los recursos requeridos corresponden al pago de salarios, por lo que acusan al Ejecutivo de incumplir sistemáticamente con la Ley de Financiamiento Universitario y la medida cautelar vigente dictada por la Justicia. Por su parte, los voceros oficiales defienden el esquema presupuestario argumentando que las partidas actuales contemplan la inflación proyectada y que cualquier incremento extraordinario requerirá recortar fondos a otras áreas del Estado, dejando abierta una disputa sin acuerdos a la vista.
