La preocupación por el impacto de las plataformas digitales en la salud mental y la seguridad de los niños ha desatado una ola de regulaciones a nivel mundial. Gobiernos de distintos continentes están avanzando con firmeza para restringir el uso de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube entre los menores de edad. El anuncio más reciente llegó este mismo martes desde la Comisión Europea, cuya presidenta, Ursula von der Leyen, propuso prohibir el acceso a menores de 13 años y exigir a las empresas tecnológicas el diseño de cuentas seguras, bajo amenaza de multas equivalentes al 6% de sus ventas globales.

Esta cruzada global tuvo su gran punto de inflexión el año pasado cuando Australia se convirtió en el primer país en aprobar una ley histórica para bloquear el acceso a los menores de 16 años, la cual entrará en plena vigencia en diciembre de 2025. El efecto contagio fue inmediato y varias naciones ya lograron convertir sus proyectos en leyes vigentes. En Europa, Grecia bloqueó el acceso a menores de 15 años, mientras que Portugal optó por exigir el consentimiento explícito de los padres para la franja de 13 a 16 años. Por su parte, países de Medio Oriente y Asia como Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Malasia y regiones de la India también implementaron normativas estrictas que prohíben la creación de perfiles a adolescentes.

El panorama en América y las trabas legales

En el continente americano, el debate también cobra fuerza. En Canadá, el gobierno presentó un proyecto de seguridad digital que limitaría el uso a menores de 16 años, aunque con excepciones para plataformas que cumplan altos estándares de seguridad. En Estados Unidos, la avanzada se da en dos frentes: a nivel federal, progresa la Ley de Seguridad Infantil en Línea con apoyo bipartidista, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, acaba de firmar una normativa para proteger a los menores de diseños adictivos y prohibir juguetes con inteligencia artificial que funcionen como acompañantes.

Sin embargo, el camino regulatorio no está exento de obstáculos. El caso más resonante ocurrió en Francia, donde el máximo tribunal del país bloqueó en agosto una ley ya aprobada por el parlamento que prohibía el acceso a menores de 15 años. La Justicia francesa argumentó que la medida vulneraba la libertad de expresión. A pesar de este revés, el resto del bloque europeo sigue firme: Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Noruega, Polonia y Eslovenia ya se encuentran redactando o debatiendo legislaciones similares para establecer límites de edad obligatorios.

Verificación de identidad y multas millonarias

El gran desafío que enfrentan los gobiernos es la implementación técnica de estos bloqueos. Para evitar que los adolescentes evadan los controles, proyectos como el de Nueva Zelanda proponen exigir a las plataformas que tomen medidas razonables para verificar la edad real de los usuarios. Esto incluye el cruce de información de cuentas, el uso de tecnología de reconocimiento facial y la presentación de documentos de identidad digitales.

Para garantizar que los gigantes tecnológicos acaten las nuevas reglas, los países están preparando un arsenal de sanciones económicas. Mientras que la Unión Europea y Nueva Zelanda apuntan a confiscar un porcentaje de los ingresos globales de las compañías que incumplan la norma, Australia ya estableció que las empresas infractoras podrían enfrentar multas superiores a los 35 millones de dólares. El mensaje de los Estados es claro: la seguridad infantil en el entorno digital ha dejado de ser una recomendación para convertirse en una obligación legal.