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Ocho bloques opositores convocaron al recinto este miércoles con el objetivo de fijar plazos perentorios y forzar dictámenes urgentes.
La Cámara de Diputados volverá a convertirse esta semana en el epicentro de una intensa pulseada política entre el oficialismo y diversos sectores de la oposición. El eje del conflicto radica en los tiempos parlamentarios para tratar más de cincuenta proyectos referidos a dos problemáticas de alto impacto social: el creciente endeudamiento de las familias y la prórroga de la ley que declaró la emergencia en discapacidad. Ante la resistencia libertaria a acelerar las definiciones en los cuerpos técnicos, un conglomerado de bancadas opositoras ratificó la convocatoria a una sesión especial para este miércoles a las 12 con el objetivo formal de emplazar a las comisiones intervinientes y obligarlas a dictaminar con fechas perentorias.
La estrategia de los bloques convocantes no apunta a votar las leyes sobre tablas de manera inmediata, sino a utilizar el recinto para acotar los márgenes de maniobra del oficialismo. La Libertad Avanza (LLA) había intentado descomprimir la presión abriendo las discusiones en las comisiones de Finanzas y de Discapacidad, proponiendo un esquema de trabajo paulatino a lo largo de septiembre. Sin embargo, para la oposición este cronograma constituye una táctica deliberada para ganar tiempo y postergar una respuesta concreta ante una problemática que, de acuerdo con los fundamentos del pedido, afecta a más de veinte millones de personas endeudadas en todo el país, con cerca de seis millones en situación de mora.
El contrapunto reglamentario quedó expuesto con la propuesta que elevó el diputado libertario Santiago Pauli, titular de la Comisión de Finanzas. Su esquema contemplaba dos reuniones informativas preliminares y fijaba de manera tentativa recién el 23 y el 30 de septiembre como jornadas para unificar giros y emitir dictamen sobre morosidad. Este planteo fue desestimado de inmediato por los bloques opositores, que consideran inaceptable demorar el debate legislativo.
Las críticas opositoras se hicieron oír con dureza. La diputada Cecilia Moreau acusó directamente a la Casa Rosada de maniobrar para dilatar los expedientes, mientras que Myriam Bregman calificó de "tomada de pelo" un calendario que extiende las discusiones hasta finales de mes sin garantías de resolución. Por su parte, el legislador Pablo Juliano cuestionó la falta de articulación integral y reclamó la inmediata intervención de la Comisión de Defensa del Consumidor en el análisis de las normas sobre endeudamiento familiar.
El segundo punto central del emplazamiento se enfoca en la prórroga del régimen de emergencia en discapacidad, cuya vigencia legal concluye hacia fines de 2026. Al igual que en el área financiera, la Comisión de Discapacidad —encabezada por el oficialista Gerardo Huesen— desplegó un plan de audiencias preliminares y debates entre legisladores que la oposición pretende limitar temporalmente para forzar una votación definitiva en el recinto antes del cierre del período ordinario.
El desenlace de la jornada dependerá estrictamente del poroteo previo para habilitar la reunión. La solicitud de sesión especial llevó las firmas de ocho espacios políticos: Provincias Unidas, Unión por la Patria, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Coherencia, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y Encuentro Federal. En las filas de estos bloques estiman que podrían alcanzar una base de 133 voluntades, idéntico número al obtenido en la sesión del 26 de agosto cuando buscaron habilitar el tratamiento de los expedientes sin reunir los dos tercios requeridos.
No obstante, el piso real de presencias se ubica muy cerca del límite estricto de los 129 diputados necesarios para el quórum reglamentario. Existen fuertes interrogantes en torno a la conducta que adoptarán legisladores que suelen articular acuerdos con el Poder Ejecutivo, en particular aquellos alineados con las provincias de Tucumán, Salta, Santa Fe y Neuquén. Desde la Casa Rosada, operadores parlamentarios y funcionarios nacionales intensificaron las conversaciones directas con gobernadores y bancadas dialoguistas para frenar la sesión y retener el control de los tiempos legislativos.
