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La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza criticó a los magistrados por permitir que un interno de 19 años con antecedentes de fuga permanezca alojado junto a menores de edad en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil.
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, lanzó duros cuestionamientos contra los magistrados provinciales tras conocerse una transmisión online en la plataforma OmeTV protagonizada por dos jóvenes alojados en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (exCose). El foco de la controversia recae sobre la permanencia en el establecimiento de un detenido de 19 años que, junto a otro interno menor de edad, participó del streaming relatando un ataque armado cometido en el departamento de Las Heras durante 2025.
En declaraciones a Canal 9 Televida, la funcionaria sostuvo que la permanencia de adultos en espacios destinados a adolescentes obedeció históricamente a autorizaciones judiciales excepcionales que terminaron normalizándose en la práctica. Rus remarcó que el joven en cuestión posee un prontuario que incluye un intento de fuga previo y advirtió que su convivencia con menores entorpece los procesos de reinserción social, por lo que exigió su derivación formal a una cárcel de mayor seguridad como el complejo Almafuerte.
Límite estricto de edad: Rus enfatizó que el nuevo marco regulatorio prohíbe de forma taxativa la estadía de personas mayores de 18 años dentro de los centros juveniles, sin importar resoluciones judiciales previas.
Fin de las excepciones: Cuestionó que los jueces recurrieran con frecuencia a dispensas especiales, señalando que la administración provincial se encontraba con las "manos atadas" al depender de autorizaciones caso por caso.
Preservación del régimen de menores: Planteó que la presencia de perfiles conflictivos mayores de edad degrada el entorno formativo y perjudica a los adolescentes que buscan rehabilitarse.
La controversia se produjo en simultáneo con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil este sábado 5 de septiembre, el cual derogó el esquema estructurado en la década de 1980 bajo la Ley 22.278.
La flamante normativa nacional fija la imputabilidad penal a partir de los 14 años, introduce escalas diferenciadas de sanciones de acuerdo con la gravedad de las infracciones y dispone reglas operativas de separación física y procesal que buscan evitar la coexistencia carcelaria entre menores de edad y jóvenes adultos.
