El paquete de medidas anunciado por el presidente Javier Milei para bloquear la actividad hidrocarburífera unilateral en torno a las Islas Malvinas se apoya en una estructura legal preexistente. Se trata de la Ley 26.659, sancionada por unanimidad en marzo de 2011 bajo el impulso del entonces senador y cineasta Fernando "Pino" Solanas. Concebida para frenar la exploración británica en aguas no autorizadas, la norma prohíbe taxativamente a personas físicas o jurídicas operar en la Plataforma Continental sin permiso de la autoridad nacional competente, tener participación societaria en firmas que lo hagan o celebrar acuerdos comerciales, financieros, logísticos o de consultoría con dichas compañías.

El régimen original faculta al Estado a dictar inhabilitaciones administrativas de entre 5 y 20 años, ordenar la reversión de áreas hidrocarburíferas concesionadas a favor de la Nación o las provincias, e impedir cualquier contratación con organismos públicos, revocando de inmediato beneficios impositivos o previsionales. Este esquema sancionatorio se endureció sustancialmente en 2013 con la sanción de la Ley 26.915, que incorporó la vía de la justicia federal para castigar penalmente a los infractores: fijó penas de 5 a 10 años de prisión para tareas de exploración ilegales —junto a multas tasadas en hasta 100.000 barriles de crudo WTI— y escalas de 10 a 15 años de cárcel para fases de extracción, transporte y almacenamiento, con multas que ascienden hasta el valor de 1,5 millones de barriles, además de contemplar la suspensión o cancelación de personerías jurídicas.

Los cambios inmediatos del Decreto 868/2026

Sin esperar los tiempos legislativos, el Poder Ejecutivo activó la reestructuración del marco administrativo mediante el Decreto 868/2026. La disposición introdujo un giro institucional determinante al trasladar la autoridad de aplicación desde la Secretaría de Energía hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, subordinando las sanciones al despliegue de la diplomacia soberana.

Bajo este nuevo esquema procedimental, todos los organismos de la Administración Pública Nacional tienen la obligación de remitir a Cancillería cualquier indicio de infracción en un plazo no mayor a cinco días hábiles. El sumario administrativo resultante otorga diez días a las partes involucradas para presentar pruebas y descargos, y exige una resolución en un lapso idéntico. Asimismo, se fijó el requisito ineludible de presentar una declaración jurada sobre Malvinas para tramitar permisos hidrocarburíferos ordinarios o solicitar la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El proyecto de ley y el Consejo de Seguridad Nacional

El componente medular de la ofensiva se tramitará ante el Congreso de la Nación bajo el título de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa propone equiparar penal y administrativamente la responsabilidad de las operadoras directas con la de sus proveedores, accionistas y miembros de directorios, prohibiéndoles contratar tanto con dependencias del Estado como con empresas del sector privado en todo el suelo argentino.

El texto contempla mecanismos procesales como la aplicación del juicio en ausencia, expande las causales sancionatorias hacia actividades como la pesca ilegal o el transporte marítimo y prevé la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional. Este órgano colegiado integrará a las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía para diseñar respuestas integrales ante amenazas a infraestructuras críticas, una estrategia que se complementa con un DNU que dotará de mayores partidas presupuestarias a la cartera castrense para apurar las obras de la Base Naval Integrada en Ushuaia y reforzar las capacidades operativas en el Atlántico Sur.