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CTERA denunció presiones e intimidaciones del Gobierno durante el paro docente nacional a través de inspecciones de asistencia. La secretaria general Sonia Alesso exigió la reapertura de paritarias y alertó por la caída presupuestaria.
La jornada de paro nacional docente convocada por las entidades sindicales del sector se desarrolló en un clima de alta tensión institucional entre los gremios y el Poder Ejecutivo, luego de que las autoridades desplegaran operativos de relevamiento en los establecimientos para auditar la asistencia del personal. La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, defendió el alto acatamiento de la medida de fuerza y denunció que las inspecciones oficiales constituyen un mecanismo de presión inaudito que vulnera la libertad sindical y el derecho a la huelga. Frente a esta situación, la dirigencia sindical anticipó la formulación de presentaciones y acciones legales en el ámbito judicial nacional e internacional para frenar las medidas de fiscalización en las escuelas.
Desde el Gobierno argumentaron que los relevamientos en las aulas buscan obtener información sobre la adhesión efectiva al paro y discriminar entre ausentismo justificado y días no trabajados. Por su parte, Alesso reprochó la falta de avances en las negociaciones salariales, señalando que de las cuatro reuniones paritarias celebradas desde el inicio del ciclo lectivo, la última pasó a un cuarto intermedio indefinido sin recibir respuestas a las intimaciones formales enviadas a la Secretaría de Educación para retomar la mesa de diálogo.
El reclamo gremial hizo un especial foco en la crisis de financiamiento que atraviesa el sistema educativo argentino. Alesso afirmó que la gestión actual registra la inversión en educación más baja de los últimos 30 años, asegurando que el presupuesto nacional del área presenta una severa subejecución y que no se ha registrado la construcción de nueva infraestructura escolar.
El Gobierno aceptó modificar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y proponer elevar del 15 % al 25 % el límite a la extranjerización de tierras rurales. La concesión busca asegurar los votos necesarios en el Senado.
Asimismo, la titular de CTERA advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo del sector, destacando que el nivel de endeudamiento de los docentes resulta brutal al punto de impedirles afrontar gastos básicos como el pago de alquileres y servicios esenciales. Mientras la administración nacional busca minimizar el impacto de las protestas para asegurar los días de clase, los sindicatos ratificaron la continuidad de las medidas si no se restituyen las paritarias y los fondos para la enseñanza pública.
