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Mendoza
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A pocos meses de concluir las sesiones ordinarias, La Libertad Avanza no logra reunir las voluntades necesarias para avanzar con su reforma electoral. El PRO se opone a eliminar las PASO y exige la inclusión de iniciativas propias.
A casi cinco meses de finalizar el período de sesiones ordinarias, el oficialismo enfrenta severas dificultades para consolidar los apoyos necesarios en el Congreso y dar debate a la reforma política. Su principal socio parlamentario, el PRO, mantiene una postura firme de rechazo a la eliminación de las PASO, complicando los planes de la Casa Rosada.
Desde la bancada que lidera Cristian Ritondo señalan que la prioridad debe ser la suspensión o modificación del sistema antes que su derogación total. La propuesta del espacio busca convertir las primarias en un proceso opcional para los votantes, reduciendo los costos fiscales y sumando al debate proyectos propios como la iniciativa de Ficha Limpia.
El trasfondo de la negociación parlamentaria está atravesado por fricciones políticas entre los liderazgos de ambos espacios. La disputa por el armado electoral en la Ciudad de Buenos Aires y las proyecciones para los próximos comicios presidenciales han enfriado el vínculo entre los bloques, impactando en la dinámica de las comisiones del Congreso.
Pese a estos contrapuntos, el bloque macrista ha mantenido un acompañamiento mayoritario a las iniciativas centrales del Poder Ejecutivo, como la reforma laboral y los proyectos de seguridad penal. Sin embargo, en el terreno electoral exige un margen de negociación que contemple sus propuestas, en un contexto de reorganización del equipo de gobierno.
La búsqueda de consensos para la reforma involucra activamente a los mandatarios provinciales. La jefatura de Gabinete ha mantenido reuniones con gobernadores para coordinar prioridades, logrando declaraciones de respaldo por parte de mandatarios que adhieren a la idea de evitar elecciones primarias sin competencia interna.
El intendente Cecilio Salazar solicitó una audiencia urgente con el Ministerio de Economía bonaerense para conseguir unos $890 millones. Los 1.200 trabajadores llevan tres semanas con medidas de fuerza ante la acumulación de haberes pendientes.
Actualmente, el proyecto formal de la reforma electoral aguarda tratamiento en la Cámara de Senadores, donde la influencia de los gobernadores resulta determinante. Sin embargo, ante la falta de una mayoría garantizada para su aprobación, la conducción oficialista ha postergado el inicio del debate a la espera de cerrar nuevos acuerdos políticos.
