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El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas oficializó la reapertura del legajo administrativo en el departamento de Futaleufú. El recurso de reconsideración presentado por los titulares registrales y el marco legal de la Ley 26.160.
Los procedimientos de delimitación de tierras asignadas a los pueblos originarios ingresaron en una instancia de revisión técnica y jurídica en la región patagónica. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dispuso la reapertura del expediente administrativo vinculado al relevamiento territorial de la comunidad Mapuche Tehuelche Lof Familia Catrimán Colihueque, asentada en el departamento de Futaleufú, provincia de Chubut, con el propósito de examinar el reconocimiento de ocupación tradicional que el propio organismo había convalidado durante la gestión anterior.
La medida administrativa, formalizada este martes 7 de julio de 2026 mediante la Disposición 4/2026 en el Boletín Oficial, responde a un recurso de reconsideración interpuesto por particulares que acreditan la titularidad dominial y registral de una fracción de los inmuebles afectados. Los propietarios damnificados argumentaron que la resolución originaria se dictó en violación del debido proceso administrativo y del derecho de defensa, alegando que las mensuras y georreferenciaciones se ejecutaron sin otorgarles la intervención legal correspondiente.
Ante la impugnación del trámite, la conducción del INAI resolvió abrir un período específico de producción de prueba para verificar si se vulneraron derechos patrimoniales vigentes y evaluar los antecedentes que dieron origen a la Resolución 354/2023. Si bien el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas -regulado bajo el amparo de la Ley 26.160- no prevé de forma taxativa la participación de terceros durante la confección de las cartografías, la autoridad de aplicación admitió la necesidad de revisar si existió una omisión de circunstancias objetivas de propiedad.
Los fundamentos del dictamen oficial subrayan que la reapertura del legajo técnico resulta indispensable para brindar un marco de mayor resguardo jurídico a todas las partes involucradas y garantizar la vigencia armónica del derecho de propiedad con las facultades del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. Asimismo, la disposición aclara que las tareas de relevamiento y demarcación no modifican la situación registral ni dominial de las tierras, operando como un instrumento técnico de diagnóstico y no como un título de transferencia de propiedad.
La resolución ministerial instruyó de forma perentoria la notificación formal del inicio de este proceso de revisión a las autoridades de la comunidad Mapuche Tehuelche afectada, al igual que a los representantes del Consejo de Participación Indígena (CPI). El requerimiento busca que los delegados comunitarios aporten la documentación histórica, los informes antropológicos y los elementos de prueba necesarios que corroboren la continuidad de la ocupación actual, pública y tradicional en las parcelas en disputa.
La medida también involucra activamente a las estructuras del gobierno de la provincia de Chubut y a los equipos técnicos del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural de la jurisdicción local. Con la incorporación de estas agencias subnacionales al expediente general, el organismo nacional busca consolidar una base de datos unificada que permita resolver el conflicto de intereses entre los títulos de propiedad privada inscriptos y los reclamos de ocupación ancestral en el territorio cordillerano.
