La ingeniería política de la Casa Rosada ingresó en una fase de extrema complejidad en los pasillos del Congreso de la Nación. Con la premisa vertical de priorizar las condiciones para la reelección del jefe de Estado, el oficialismo intenta reactivar en el Senado el tratamiento del proyecto de reforma política integral, una iniciativa cuyo núcleo doctrinario es la eliminación definitiva de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para centralizar el armado de listas.

Sin embargo, los consensos matemáticos indispensables para garantizar la aprobación de la ley se encuentran empantanados. Gran parte de los bloques de la denominada oposición dialoguista rechazan de plano resignar una herramienta electoral que consideran vital para ordenar internamente sus frentes territoriales de cara a los comicios del año próximo. Esta resistencia fue transmitida originalmente por la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, y ratificada ahora por el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El marco constitucional argentino impone exigencias severas para las modificaciones del régimen electoral, requiriendo el voto afirmativo de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. Para el caso del Senado, el oficialismo necesita sellar un piso de 37 voluntades, una meta lejana frente a los 21 legisladores propios con los que cuenta la bancada de La Libertad Avanza, lo que obliga a pescar 16 adhesiones en aguas opositoras.

El dique de contención al proyecto oficialista está liderado por los senadores de la Unión Cívica Radical, Carolina Losada y Maximiliano Abad, quienes articulan el rechazo junto a la bancada del PRO. Ante este panorama de parálisis legislativa, la última carta de la Jefatura de Gabinete consiste en apurar negociaciones directas con los gobernadores provinciales, a quienes Santilli llegó a ofrecerles la habilitación de listas colectoras nacionales a cambio del apoyo de sus senadores.

El debate sumó un elemento de fricción adicional a raíz de la denominada ley de "ficha limpia", un apartado que busca prohibir las candidaturas de dirigentes con condenas ratificadas en segunda instancia. Los bloques aliados, capitaneados por el misionero Martín Goerling, exigen desglosar estos artículos del proyecto general de la reforma para tratarlos de manera autónoma, bajo la sospecha de que el Ejecutivo utiliza la ficha limpia como una pantalla de negociación.

Mientras la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, exige mantener el control absoluto de la estrategia legislativa, Patricia Bullrich intenta mediar ofreciendo tratar ambas leyes en una misma sesión parlamentaria. El reloj corre en contra de las aspiraciones oficiales, dado que el kirchnerismo se mantiene en un rechazo casi orgánico y las fuerzas provinciales no muestran intenciones de convalidar un texto que debilite su autonomía de cara al exigente cronograma de 2027.