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Mendoza
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La Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja inicia este miércoles el tratamiento de la iniciativa enviada por el Ejecutivo. El texto endurece los castigos por disturbios en estadios y avanza contra los directivos de los clubes.
Mientras la agenda de la opinión pública permanece concentrada en el desarrollo de la Copa del Mundo, el Poder Ejecutivo nacional decidió relanzar su agenda legislativa en materia de seguridad ciudadana.
La Cámara de Diputados abrirá este miércoles los debates de comisión para dar tratamiento al proyecto oficial conocido popularmente como la ley Antibarras, una normativa que busca restructurar el marco de persecución penal contra las facciones violentas del fútbol.
La convocatoria de los legisladores está programada para iniciar en horas del mediodía bajo la coordinación de la titular de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado.
La jornada parlamentaria contará con la exposición técnica de altos funcionarios del Ministerio de Seguridad, quienes se encargarán de argumentar las modificaciones estructurales que la Casa Rosada pretende introducir en el Código Penal.
El eje doctrinario de la propuesta oficial consiste en la creación de una figura jurídica específica que asimila el comportamiento de las hinchadas militantes con el de una asociación ilícita orientada a cometer delitos a escala permanente.
La reconfiguración legal le permitirá a los magistrados federales aplicar escalas punitivas considerablemente más graves a los ciudadanos que resulten identificados como integrantes activos de estas células.
Asimismo, la letra chica del proyecto gubernamental introduce un apartado de alta sensibilidad política que impactará de forma directa sobre la dirigencia deportiva.
El articulado establece penas de hasta seis años de prisión de cumplimiento efectivo para aquellos directivos o empleados de entidades de fútbol que mantengan vínculos institucionales, comerciales o financieros espurios con las barras.
Bajo esta nueva tipificación penal, el suministro irregular de tickets de acceso a los estadios, el financiamiento logístico de los traslados o la concesión de espacios comerciales internos serán considerados delitos criminales graves no excarcelables.
En paralelo, la reforma judicial contempla un fuerte endurecimiento en las escalas de sanción para los disturbios físicos periféricos, castigando la tenencia de elementos inflamables, armas blancas u objetos contundentes en las inmediaciones.
En los considerandos de la iniciativa, los técnicos del Ministerio de Seguridad fundamentaron que las actividades de estos grupos organizados exceden por completo la vigencia temporal de los noventa minutos de un partido de fútbol.
La actualización legislativa se presenta como una herramienta de urgencia para desarticular un entramado delictivo que opera de forma autónoma mediante el narcomenudeo y la extorsión urbana.
