La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete y exvocero presidencial, Manuel Adorni, sumó un capítulo de alta tensión en los tribunales federales de Comodoro Py.

Este miércoles por la mañana, los empleados públicos Gisela Kocsis y Luis Enrique Aluju se presentaron a declarar en calidad de testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.

La hipótesis central del Ministerio Público Fiscal apunta a determinar si el exfuncionario nacional mantenía un hábito sistemático de canalizar consumos de lujo a nombre de sus subalternos, buscando presuntamente enmascarar un nivel de vida que no guardaba correlación con sus ingresos registrados.

Kocsis, quien se desempeña como secretaria privada en el área de comunicación y trabaja en la administración estatal desde 2011, abrió la ronda de testimoniales minutos antes de las 10:00.

La lupa judicial sobre la empleada se colocó tras detectarse que facturó a su nombre una compra de 8.183.303 pesos en blanquería de alta gama, cuyos artículos fueron entregados directamente en una propiedad vinculada a Adorni dentro de un exclusivo barrio privado del partido de Exaltación de la Cruz.

Posteriormente, fue el turno de Aluju, coordinador de Información de Gobierno, a quien los investigadores señalan por haber aportado dos de sus tarjetas de crédito personales para la adquisición de dos proyectores tecnológicos para videojuegos valuados en casi dos millones de pesos cada uno.

La ronda de declaraciones testimoniales había iniciado a comienzos de la semana con la comparecencia de otra directora del área de Actividades Presidenciales, Laura Daniela Schiuma.

Schiuma admitió ante la Justicia haberle prestado sus plásticos bancarios al entonces portavoz gubernamental para que concretara la compra de un monitor gamer de última tecnología con resolución 4K por un monto superior a los dos millones de pesos.

La funcionaria judicial detalló que mantenía una relación de estrecha confianza con el investigado desde hace dieciséis años, época en la que ambos se desempeñaban como vendedores de planes de ahorro en una concesionaria automotriz.

Ante las repreguntas de la fiscalía, la testigo especificó que, una vez vencido el resumen mensual de los consumos, el ex ministro coordinador le reintegró la totalidad del importe utilizando dinero en efectivo, sin mediar transferencias electrónicas ni comprobantes de origen de fondos.