En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, se solicitó a la Justicia que se dicte la prisión preventiva de Manuel Adorni o, de manera subsidiaria, que se le impida salir del país.

El pedido fue presentado por el abogado Gregorio Dalbón, en representación de uno de los denunciantes, quien sostiene que el ex jefe de Gabinete habría intentado influir sobre un testigo clave y que existen condiciones que configurarían un riesgo concreto de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Según el planteo, Adorni habría perdido su principal arraigo institucional tras su renuncia al cargo y conservaría capacidad económica suficiente para abandonar el país. En ese marco, la presentación solicita también la retención de su pasaporte y la notificación a los organismos de control migratorio.

El escrito remarca que la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional, aunque argumenta que en este caso se cumplirían los requisitos para su aplicación debido a la gravedad de los hechos investigados y a los riesgos procesales señalados.

Uno de los ejes centrales del planteo refiere a un presunto intento de contacto con un testigo de la causa, identificado como el contratista Matías Tabar, quien declaró sobre obras realizadas en una propiedad vinculada al ex funcionario. Según la presentación, ese contacto habría incluido expresiones de apoyo y la promesa de asistencia, lo que se interpreta como una posible interferencia en la producción de prueba.

El abogado también sostiene que el imputado habría modificado sus explicaciones públicas sobre el origen de su patrimonio a medida que avanzó la investigación, lo que refuerza la hipótesis de un intento de adaptación de su versión de los hechos.

En otro tramo del escrito se repasan operaciones inmobiliarias bajo análisis judicial, entre ellas la compra de un departamento en Caballito financiado en gran parte mediante un préstamo hipotecario entre particulares, y la propiedad ubicada en un country, donde se investigan presuntos pagos en efectivo por remodelaciones.

Respecto del riesgo de fuga, la presentación señala la existencia de recursos económicos no declarados en su totalidad y menciona la posibilidad de acceso a medios de transporte privados, factores que podrían facilitar una salida del país sin control efectivo.

Finalmente, el escrito subraya que la reciente renuncia al cargo implicaría una disminución del arraigo institucional del imputado. Con esos elementos, se solicita a la Justicia que evalúe la adopción de medidas cautelares estrictas para garantizar el avance de la investigación.