El Gobierno nacional monitorea con preocupación el impacto político que puede tener el caso del patrimonio de Manuel Adorni en el vínculo con aliados, gobernadores dialoguistas y bloques legislativos que el oficialismo necesita para avanzar con reformas clave en el Congreso.

En la Casa Rosada reconocen que las explicaciones del jefe de Gabinete, sus rectificaciones patrimoniales y la admisión de ahorros no declarados generaron ruido en un momento sensible de la agenda política. El oficialismo intenta sostener negociaciones por proyectos como el super-RIGI, la Ley de Lobby, la reforma electoral, la Inocencia Fiscal, iniciativas de desregulación y otros textos pendientes de tratamiento.

La preocupación no pasa únicamente por la situación judicial del ministro coordinador, sino por el efecto que sus explicaciones puedan tener entre sectores que hasta ahora acompañaron al Gobierno en votaciones relevantes.

En ese contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previstas nuevas reuniones con mandatarios provinciales. Este martes recibirá en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, a las 10, y al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, a las 15.

Los encuentros forman parte de la agenda que Interior viene desarrollando con gobernadores dialoguistas para ordenar reclamos de gestión, discutir la reforma electoral y sostener acuerdos legislativos antes de que el caso Adorni afecte la dinámica parlamentaria.

En Nación aseguran que todavía hay mandatarios dispuestos a discutir cambios sobre las PASO, acuerdos hacia 2027 y una hoja de ruta común. Sin embargo, admiten que la relación con algunos aliados se volvió más sensible.

Uno de los sectores que tomó distancia fue el PRO, que calificó la situación como una "falta grave" y reclamó que Javier Milei "defienda el cambio y no a Adorni". De todos modos, por ahora el partido no acompañaría la interpelación impulsada por la oposición en Diputados, una señal que en el Gobierno leen como tensión, pero también como margen para seguir negociando.

El kirchnerismo y otros bloques opositores buscan avanzar con pedidos de interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete. En Diputados, distintos espacios pidieron una sesión especial para el 23 de junio. En el Senado, Unión por la Patria presentó un proyecto para citar a Adorni e iniciar el proceso previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Dentro del Ejecutivo hay miradas distintas sobre esa ofensiva. En el entorno de Adorni creen que la moción de censura no prosperará porque requiere mayorías difíciles de alcanzar: al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. En la mesa política, en cambio, prefieren no dar nada por cerrado.

La diferencia responde al clima que perciben entre aliados. En Balcarce 50 creen que la oposición intentará aprovechar el malestar de sectores del PRO, la UCR, Provincias Unidas y bloques minoritarios para aumentar la presión. Aunque esos espacios no acompañan por ahora una remoción, varios referentes pidieron que Adorni dé explicaciones o evalúe dar un paso al costado.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también elevó la presión institucional al reclamar que el jefe de Gabinete concurra este mes al Senado para cumplir con su obligación constitucional de rendir informes al Congreso. Adorni había anunciado que iría en julio, pero desde la Cámara alta insisten en que debe presentarse antes.

La situación se volvió más delicada porque el Gobierno intenta ordenar una agenda legislativa cargada. En Diputados, el oficialismo busca avanzar con el super-RIGI y la Ley de Lobby, dos proyectos que requieren negociación con aliados y gobernadores. El primero aparece como prioridad económica, mientras que el segundo abre una discusión sobre transparencia, intereses extranjeros, registros de gestores y sanciones.

En paralelo, la reforma electoral quedó atravesada por conversaciones con mandatarios provinciales. Santilli intenta sostener apoyos para modificar el sistema de las PASO, mientras Patricia Bullrich acercó la idea de habilitar colectoras como una alternativa para destrabar resistencias en el Senado.

En varios despachos oficiales admiten que la discusión será más larga de lo previsto y que dependerá de acuerdos con gobernadores y bloques provinciales.

El caso Adorni también complica el tratamiento de la Inocencia Fiscal. El Ministerio de Economía venía trabajando en modificaciones al régimen, pero la explicación patrimonial del jefe de Gabinete volvió más difícil impulsar cambios sobre una herramienta que la oposición y algunos aliados ya vinculan con su situación personal.

En el Ejecutivo reconocen que ese punto obliga a recalcular tiempos y estrategia.

Mientras tanto, la Casa Rosada busca mostrar gestión para reducir el peso del caso en la agenda pública. En Balcarce 50 evalúan convocar al Gabinete la próxima semana, retomar el esquema de conferencias y multiplicar anuncios de distintas áreas. La apuesta oficial es correr el foco hacia la baja de la inflación, la caída del riesgo país, la mejora de los activos argentinos y los proyectos económicos que el Gobierno quiere instalar antes de la campaña.