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La Casa Rosada busca enviar al Congreso un proyecto que endurece las penas por delitos sexuales y amplía los casos de prisión perpetua. La iniciativa volvió a cobrar impulso tras el crimen de Agostina Vega.
El Gobierno nacional reactivó la discusión interna sobre la reforma del Código Penal en medio de la conmoción generada por el crimen de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba. En la Casa Rosada aseguran que la intención es enviar el proyecto al Congreso en el corto plazo y remarcan que la iniciativa incluye un endurecimiento de las penas para delitos sexuales, cambios vinculados al abuso infantil y una ampliación de los supuestos de prisión perpetua.
Desde distintos sectores del Ejecutivo reconocen que el impacto social del caso volvió a poner presión sobre una reforma que llevaba meses de debate interno. Aunque sostienen que la agenda penal ya estaba en marcha, admiten que la discusión se aceleró ante la demanda de medidas vinculadas a la seguridad y la protección de las víctimas.
La investigación por el asesinato de Agostina derivó en la imputación por femicidio contra Claudio Barrelier, una figura que contempla la pena de prisión perpetua. Mientras el expediente judicial avanza en Córdoba, el caso se convirtió en uno de los temas que impulsaron nuevamente la discusión sobre el endurecimiento de las sanciones penales.
La principal discusión dentro del oficialismo pasa por definir cuál será la versión final que llegará al Congreso. Mientras sectores cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo sostienen que la iniciativa permanece trabada dentro del Ministerio de Justicia, desde el entorno del ministro Juan Bautista Mahiques aseguran que se encuentran terminando los últimos detalles para avanzar con el envío del proyecto.
La alternativa que gana terreno es una reforma por etapas, enfocada inicialmente en los capítulos con mayor consenso político. Entre ellos figuran modificaciones vinculadas a delitos sexuales, abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales, entraderas, salideras bancarias, motochorros, armas dentro de cárceles, picadas ilegales y nuevas formas de criminalidad organizada y tecnológica.
Además, el Gobierno analiza incrementar las penas para violadores y abusadores, estudiar la imprescriptibilidad de determinados delitos sexuales graves y ampliar los casos en los que pueda aplicarse la prisión perpetua. Según explican en el oficialismo, el objetivo es reforzar un enfoque centrado en las víctimas y fortalecer las herramientas penales frente a delitos considerados de alta gravedad.
El proyecto original elaborado durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona contemplaba una reforma integral que superaba los 900 artículos y buscaba unificar el Código Penal con diversas leyes especiales. También incluía modificaciones vinculadas a delitos económicos, narcotráfico, corrupción, responsabilidad empresarial, delitos ambientales, propiedad intelectual y nuevas figuras asociadas a la inteligencia artificial.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia optó por avanzar con una versión más acotada para evitar que la discusión legislativa quede empantanada por temas que generan mayores controversias políticas. Por ese motivo, el Gobierno decidió no incluir modificaciones a la figura de femicidio ni impulsar cambios relacionados con la legislación sobre aborto.
El colectivo convocó a una nueva jornada nacional de movilización, con acto central frente al Congreso. La marcha estará marcada por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Candia y Noelia Romero.
La demora en la definición final del texto generó nuevas tensiones dentro del oficialismo. Algunos sectores cuestionan que la reforma continúe sin enviarse al Congreso mientras la seguridad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. Pese a esas diferencias, en la Casa Rosada aseguran que el objetivo sigue siendo avanzar con una reforma penal que permita endurecer penas y actualizar el marco legal frente a nuevas modalidades delictivas.
