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El Ejecutivo analiza cambios en la Ley 24.156 para fortalecer el control sobre los recursos del Estado, ordenar la ejecución presupuestaria y limitar iniciativas con impacto fiscal que no indiquen cómo serán financiadas.
El Gobierno nacional prepara para este año una reforma de la Ley de Administración Financiera, en línea con la agenda fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el objetivo de reforzar el control sobre los recursos públicos.
La Casa Rosada trabaja sobre modificaciones a la Ley 24.156, que regula el sistema de presupuesto, tesorería, crédito público, contabilidad y control del sector público nacional.
En el oficialismo sostienen que el objetivo central es darle mayor previsibilidad al manejo de las cuentas públicas y consolidar la regla de déficit cero.
La reforma apunta a limitar el impacto de leyes o decisiones con costo fiscal que no tengan una fuente de financiamiento definida.
El proyecto también busca ampliar las herramientas del Ejecutivo para administrar el gasto durante el año si cambian las condiciones de recaudación, si aparece una presión adicional sobre partidas o si una norma aprobada por el Congreso altera el equilibrio fiscal previsto.
El encuentro será este viernes a las 11 y contará con la presencia de congresistas republicanos y demócratas. La reunión se da en un contexto de fortalecimiento del vínculo político entre la Argentina y Estados Unidos.
En términos prácticos, la Casa Rosada quiere contar con mayor margen para recortar, postergar erogaciones o reasignar partidas cuando exista riesgo de incumplir la meta fiscal.
Uno de los puntos bajo análisis es endurecer la exigencia de que toda ley con impacto presupuestario indique de manera precisa cómo será financiada.
La Ley de Administración Financiera ya incluye previsiones sobre gastos no contemplados, pero en el Gobierno consideran que el esquema actual no alcanza para evitar iniciativas que luego obligan al Ejecutivo a vetar, no aplicar o compensar con recortes en otras áreas.
El antecedente inmediato aparece en las discusiones por el financiamiento universitario, discapacidad y otros proyectos de recomposición presupuestaria impulsados desde el Congreso.
En esos casos, el Ejecutivo sostuvo que no podía aplicar normas sin fuente específica de financiamiento sin afectar el equilibrio de las cuentas públicas.
La discusión se vincula con el último informe del FMI, en el que el organismo remarcó la necesidad de sostener el ancla fiscal, contener el gasto discrecional y compensar el impacto de eventuales iniciativas de gasto aprobadas por el Congreso.
El Fondo también planteó que el marco fiscal argentino debe ganar previsibilidad y durabilidad, con reglas más claras para evitar que el equilibrio presupuestario dependa solo de decisiones administrativas de corto plazo.
En esa misma línea, el Gobierno deberá enviar en septiembre el proyecto de Presupuesto 2027, que tendrá que estar alineado con la regla de déficit cero.
Según el esquema previsto, el Presupuesto deberá incluir un marco fiscal de mediano plazo, una declaración de riesgos fiscales y escenarios adversos.
En el memorándum actualizado de políticas económicas y financieras, las autoridades argentinas plantearon ante el FMI el objetivo de institucionalizar el ancla fiscal.
Ese enfoque incluye reforzar los marcos fiscales, consolidar el equilibrio de las cuentas públicas y avanzar con reglas que limiten déficits presupuestarios y el financiamiento monetario.
Otro punto que analiza el Ejecutivo es fortalecer las facultades de reasignación durante la ejecución presupuestaria.
Ese capítulo podría abrir una discusión política relevante, ya que involucra el equilibrio entre la potestad del Congreso para aprobar gastos y la capacidad del Ejecutivo para administrar el Presupuesto sin apartarse del resultado financiero comprometido.
La reforma también buscaría que la regla fiscal tenga prevalencia operativa durante la ejecución del gasto. Esto implicaría que, ante una caída de ingresos o una presión adicional sobre determinadas partidas, el Gobierno pueda ajustar otros gastos sin quedar expuesto a incumplimientos administrativos o judiciales por no ejecutar plenamente una erogación dispuesta por ley.
En la Casa Rosada consideran que estos cambios permitirían ordenar la caja pública y darle mayor estabilidad al programa económico. La discusión legislativa, sin embargo, podría generar tensiones con la oposición y con sectores del Congreso que reclaman mayor inversión en áreas sensibles.
