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El plazo para responder los requerimientos de los veedores ya venció. En el Gobierno diferencian la situación de la Superliga del caso AFA, donde existe una apelación judicial en trámite.
El Gobierno nacional analiza nuevas medidas contra la Superliga mientras espera una definición judicial sobre la veeduría dispuesta en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En el Ministerio de Justicia evalúan los próximos pasos administrativos luego de que venciera el plazo para responder los requerimientos de los veedores. En la Casa Rosada sostienen que la situación de ambas entidades es distinta y que, en el caso de la Superliga, el margen de acción es más amplio.
En el caso de la AFA, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, el Ejecutivo señala que existe una apelación en trámite ante la Justicia civil, con recurso concedido por la Cámara. Por ese motivo, en Nación prefieren esperar una resolución antes de avanzar con apercibimientos o nuevas medidas administrativas.
El escenario de la Superliga es diferente. Según el Gobierno, esa entidad manifestó su disconformidad con la veeduría, pero la Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó ese planteo. Por eso, la estrategia oficial es sostener la vía administrativa y avanzar gradualmente según lo que requieran los veedores.
"La semana que viene seguramente prosigamos con alguna medida según requieran los veedores", indicaron desde Nación.
La IGJ tiene facultades para fiscalizar asociaciones civiles y fundaciones, controlar su funcionamiento, investigar denuncias, asistir o convocar asambleas y pedir medidas de mayor alcance si detecta irregularidades.
En este caso, una de las primeras herramientas disponibles es una nueva intimación formal para que la Superliga entregue documentación o permita el acceso solicitado por los veedores.
Si la IGJ considera que hubo incumplimiento, la normativa habilita sanciones contra asociaciones, fundaciones, administradores y entidades que no entreguen información, proporcionen datos falsos, incumplan obligaciones legales o estatutarias, o dificulten el desempeño del organismo.
El esquema sancionatorio incluye apercibimiento, apercibimiento con publicación a cargo del infractor y multa. El monto máximo previsto fue actualizado por el Decreto 609/2024 y quedó fijado en $8.000.000.
La graduación de una eventual sanción deberá considerar la gravedad del hecho, la posible reiteración de infracciones y el patrimonio de la entidad involucrada.
La IGJ también cuenta con herramientas más fuertes si detecta irregularidades graves. Puede declarar la irregularidad o ineficacia administrativa de actos bajo fiscalización y, en casos extremos, solicitar al Ministerio de Justicia la intervención de una asociación civil o el retiro de la autorización para funcionar.
Por ahora, el Ministerio de Justicia monitorea si la Superliga decide judicializar la medida o si mantiene su resistencia solo por la vía administrativa. En paralelo, sigue de cerca la apelación de la AFA y busca sostener la presión documental sobre las entidades del fútbol.
"Es un proceso largo", reconocen en el Gobierno.
