Una auditoría del Ministerio de Salud detectó presuntos sobreprecios millonarios en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante 2025. El informe técnico reveló diferencias de hasta 4239% respecto de valores de mercado y derivó en una investigación judicial que ya involucra a exdirectivos, empresarios y proveedores.

La causa apunta a un posible esquema de corrupción en contrataciones estatales, con maniobras orientadas a beneficiar a determinadas firmas mediante procesos licitatorios presuntamente manipulados.

Las compras bajo sospecha

Entre los casos detectados aparecen compras de sillas de ruedas, andadores, prótesis e insumos médicos de alta complejidad con valores muy superiores a los precios de referencia.

Uno de los puntos más sensibles del informe está vinculado a la compra de un sistema de válvulas cardíacas. Según la auditoría, el 8 de julio de 2025 la ANDIS pagó $425 millones por ese insumo, mientras que meses antes el PAMI había adquirido el mismo producto por $124 millones.

También se señalaron operaciones con sillas de ruedas facturadas por valores cercanos a los $19 millones, cuando el precio de referencia rondaba los $1,2 millones, de acuerdo con la investigación.

Para los técnicos del Ministerio de Salud, las diferencias detectadas exponen desvíos difíciles de justificar y muestran un patrón repetido en distintas contrataciones.

La causa ya derivó en la citación a indagatoria de 49 personas, entre exfuncionarios, empresarios y proveedores. Entre los señalados aparece el contador Osmar Mariano Caballi, principal socio de Farma Salud, una de las empresas que más fondos habría recibido mediante el esquema investigado.

Según el expediente, esa firma concentró alrededor de $7.900 millones en contrataciones estatales. Caballi había ocupado un cargo jerárquico dentro de la ANDIS durante la gestión de Alberto Fernández, un dato que los investigadores consideran relevante para reconstruir sus vínculos con el organismo.

El fiscal Franco Picardi también investiga posibles maniobras para vulnerar el sistema digital de licitaciones Siipfis. Según el dictamen, esa herramienta habría permitido beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y coordinada.

Otro elemento bajo análisis es un grupo de WhatsApp denominado "grupo museo", donde exfuncionarios y operadores externos habrían coordinado qué empresas participarían de supuestas competencias de precios.

Entre las firmas bajo sospecha figuran Artrobone, Bymax Medical e Imnova, además de otros proveedores vinculados al circuito de contrataciones investigado.

La Justicia también analiza audios filtrados que mencionarían el funcionamiento de un supuesto sistema de coimas. El juez Ariel Lijo ordenó peritajes para determinar la autenticidad de esas grabaciones.

Mientras tanto, las defensas de algunos acusados buscan frenar el expediente mediante planteos de nulidad. En los próximos días continuarán las declaraciones de empresarios y exfuncionarios en una causa que podría convertirse en uno de los principales escándalos de corrupción vinculados al sistema de discapacidad.