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El organismo extendió hasta el 31 de julio la presentación correspondiente a 2025. La medida se da mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete.
La Oficina Anticorrupción (OA) prorrogó el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios nacionales, en medio del avance de la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la titular del organismo, Gabriela Zangaro.
La OA dispuso extender el vencimiento hasta el 31 de julio de 2026 para la presentación de las declaraciones correspondientes al período fiscal 2025.
La obligación alcanza a todos los funcionarios comprendidos en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece la presentación al inicio de la gestión, su actualización anual y la rendición al finalizar el cargo.
Desde el organismo explicaron que la decisión responde a la necesidad de contar con información fiscal clave, como las declaraciones de Ganancias y Bienes Personales.
Estos datos son procesados por la Agencia de Recaudación (ARCA), cuyos plazos suelen extenderse hasta mediados de junio, lo que dificulta completar correctamente las declaraciones patrimoniales en tiempo original.
Por ese motivo, se modificó la fecha inicial prevista para el 30 de mayo.
La prórroga se da en paralelo al avance de la investigación judicial contra Manuel Adorni, en la que se analiza si su nivel de gastos es compatible con sus ingresos declarados.
Entre los elementos incorporados al expediente figuran consumos en dólares durante un viaje familiar a Aruba, que incluyeron US$14.696 entre alojamiento y pasajes, además de otros gastos no detallados.
También se investigan operaciones inmobiliarias, como la compra de un departamento en Caballito por US$230.000 con un anticipo de solo US$30.000 y financiación sin interés, así como una propiedad en un country valuada en otros US$120.000.
La Justicia busca determinar si existe una desproporción entre estos movimientos y los ingresos del funcionario, que al momento de los hechos rondaban los 3 millones de pesos mensuales.
En ese marco, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, con el objetivo de reconstruir el flujo de fondos y analizar en detalle su patrimonio.
Además, se incorporaron testimonios que señalan deudas no declaradas y diferencias entre el valor de mercado de propiedades y los montos informados en las operaciones.
Las declaraciones juradas patrimoniales son un instrumento central para monitorear la evolución de los bienes de los funcionarios públicos y prevenir conflictos de interés.
En este contexto, la nueva fecha límite será determinante para evaluar la consistencia entre los datos declarados y la información que surge de la investigación judicial.
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