La mayoría de los participantes de la primera audiencia pública rechazó la reforma de la Ley de Glaciares. El debate expone tensiones entre desarrollo minero y protección ambiental.
La primera audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares dejó un dato contundente: la mayoría de los expositores rechazó el proyecto impulsado por el Gobierno.
Según los registros del debate, de los 95 participantes que tomaron la palabra, 84 se manifestaron en contra de la iniciativa, lo que representa cerca del 89% del total.
La audiencia se desarrolló en la Cámara de Diputados en medio de un clima de polémica, con cuestionamientos por la limitación en la participación de los inscriptos y cambios en la dinámica de exposición.
Más de 100.000 personas se habían anotado para participar, aunque solo un número reducido pudo intervenir en esta primera jornada.
El proyecto busca modificar la ley vigente que protege los glaciares como reservas estratégicas de agua, habilitando mayores márgenes para actividades productivas en zonas periglaciares.
Sus defensores sostienen que la iniciativa permitirá impulsar inversiones, especialmente en minería, mientras que sus críticos advierten sobre posibles impactos ambientales.
Gran parte de las exposiciones en contra se centraron en el riesgo de debilitar los controles ambientales y afectar fuentes de agua clave, en un contexto donde los glaciares cumplen un rol fundamental en el abastecimiento hídrico.
Especialistas, exfuncionarios y representantes de organizaciones ambientales advirtieron que la reforma podría tener consecuencias irreversibles en los ecosistemas.
El oficialismo busca avanzar con el proyecto en las próximas semanas, con la intención de llevarlo al recinto en abril para su tratamiento definitivo.
Mientras tanto, el debate continúa con nuevas audiencias y un escenario político marcado por la confrontación entre quienes promueven el desarrollo minero y quienes priorizan la protección ambiental.