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Una denuncia judicial apunta contra el expresidente Alberto Fernández y el exministro Jorge Ferraresi por presuntas irregularidades en licitaciones del programa Procrear tras las declaraciones de una ex participante de Gran Hermano.
Una denuncia judicial fue presentada contra el expresidente argentino Alberto Fernández luego de que una ex participante del reality Gran Hermano afirmara públicamente que su empresa obtuvo contratos de obra pública durante su gobierno.
El escrito fue presentado ante la Justicia federal por los abogados Roberto Herrero y Mariano Di Giuseppe, quienes solicitaron investigar posibles irregularidades en licitaciones vinculadas al programa Procrear, destinado a la construcción de viviendas financiadas con fondos nacionales.
La denuncia también alcanza al exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi y a la empresaria Lorena González del Valle, conocida por su paso por el reality show televisivo.
El caso se originó tras una entrevista en la que González del Valle aseguró haber mantenido una relación personal con Alberto Fernández durante su presidencia y relató que su empresa constructora comenzó a participar en licitaciones de obra pública.
El presidente Javier Milei celebró en redes sociales una denuncia judicial contra el periodista Tomás Rebord. El comunicador reaccionó y advirtió que se trata de un intento de silenciarlo por sus críticas al Gobierno.
Según su propio testimonio, tras contactar al entonces mandatario durante la pandemia, fue derivada al área de Vivienda del Gobierno nacional. Posteriormente, su compañía Niro Construye S.A. participó en distintos concursos vinculados al programa Procrear.
De acuerdo con los denunciantes, la empresa intervino en nueve licitaciones y habría resultado adjudicataria de al menos cuatro proyectos de viviendas en municipios bonaerenses como Esteban Echeverría, Avellaneda, Luján y Martín Coronado.
La denuncia solicita determinar si las adjudicaciones se realizaron bajo condiciones de competencia real y criterios objetivos, o si existieron influencias indebidas que favorecieron a la empresa vinculada a la ex participante del reality.
Los abogados sostienen que, de confirmarse que el vínculo personal influyó en la obtención de contratos, podría configurarse un caso de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, debido al posible direccionamiento de fondos públicos.
Por ese motivo, pidieron que se investigue no solo al expresidente y al exministro, sino también a cualquier funcionario o particular que pudiera haber participado en el proceso de adjudicación de las obras.
La causa quedó ahora en manos de la Justicia federal, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación formal sobre las licitaciones cuestionadas.
